La posibilidad de que el próximo gobierno pueda retomar las negociaciones con el Eln está cada vez más cerca. Recientemente el presidente del Senado, Roy Barreras, habló de la posibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP) pueda acoger a esa guerrilla.
Ante ese eventual escenario, el legislador señaló que el Congreso y la Presidencia estarán abiertos a 'tramitar las adecuaciones normativas que resulten necesarias para que sea una realidad y Colombia sea una potencia de la vida y no de la muerte'.
Precisamente ante esa posibilidad, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, indicó que habría que habría que modificar la jurisdicción con 'una planta de personal adecuada para estas funciones'.
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'En ese evento, ya le corresponde al presidente y a Congreso tomar la determinación correspondiente. Sin embargo, si los crimines cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), como los crímenes internacionales, se asignan a conocimiento, investigación y juzgamiento de la Jurisdicción a través de los mecanismos de la justica transicional, habrá que fortalecer la JEP', dijo el magistrado el pasado lunes.
Destacó Cifuentes que en lo que tiene que ver con la elaboración y aprobación de las normas, ya sean constitucionales o legales, 'no es competencia de la jurisdicción, de modo que simplemente nos atenemos a la función de orden judicial que nos compete'.
La JEP desde su entrada en vigencia en 2017 solo ha manejado procesos relacionados con excombatientes de las Farc y algunos puntuales con agentes del Estado, paramilitares y civiles, por lo que Barreras destacó la importancia de poder hacer las 'modificaciones' a las que haya lugar para que pueda aterrizar el Eln.
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Sobre este tema, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a través del informe ‘La paz con el ELN: desafíos y decisiones claves’ señaló que para activar el proceso de conversación con esta guerrilla es importante que el gobierno entrante 'construya pronto una oferta negociadora acotada y factible, tomando en cuenta las lecciones de procesos anteriores'.
Pero al mismo tiempo por parte de este grupo 'se requiere la decisión y convicción de su comandancia de avanzar en la negociación y poner fin al conflicto armado'.
'Esto implica avanzar en una fase de exploración respaldada por una hoja de ruta con tareas concretas para definir la ingeniería del proceso: su funcionamiento, tiempo, agenda y mecanismos. Es urgente activar la vía de la salida negociada con el ELN, sin perder de vista que sus resultados pueden no ser tan inmediatos. No será un proceso fácil, ni rápido', dice la FIP.
Sometimiento de los grupos
Se han ido conociendo detalles de lo que sería el proyecto para el sometimiento de los grupos criminales en el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.
Inicialmente, habría penas alternativas de ocho años de cárcel, como se impusieron en la Ley de Justicia y Paz con los grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Para recibir estas condenas, los que se entregarían deberán desmontar toda la estructura ilegal, entregar bienes y dejar el narcotráfico y toda actividad delictiva. Así mismo, deberá haber un cese inmediato de la violencia y de los ataques contra la vida y la integridad de los ciudadanos y de la fuerza pública.
La investigación se priorizaría sobre los máximos responsables y los integrantes de base de estos grupos, si no han cometido graves violaciones a los derechos humanos podrían recibir una renuncia a la acción penal por el delito de concierto para delinquir. Más detalles se conocerán esta semana.
