La cesión gratuita del uso de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo por parte del Distrito a la empresa Triple A, por un período de 20 años, ha reabierto el debate sobre la forma en que Barranquilla construye su visión de ciudad a largo plazo y gestiona sus activos públicos más estratégicos.
Aunque a primera vista se trata de un proceso de alta complejidad técnica y jurídica, también constituye una decisión que permite redefinir el modelo de gobernanza de los servicios públicos a nivel local, con el objetivo último de optimizar su prestación y, en la misma línea, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
De acuerdo con la administración distrital, la cesión se sustenta en tres pilares estratégicos. En primer lugar, la formalización del uso de la infraestructura mejora el perfil de riesgo financiero de la empresa Triple A, facilitando el acceso a créditos en mejores condiciones para ejecutar grandes proyectos de inversión.
Asimismo, la seguridad jurídica a largo plazo permitiría planificar acciones de mantenimiento y modernización con una visión de futuro, reduciendo la incertidumbre contractual.
A esto se suma que, al contar el Distrito con una participación accionaria mayoritaria, cercana al 68 %, los beneficios de esta capitalización deberían reflejarse directamente en un mejor servicio para los barranquilleros.
En ese sentido, el alcalde Alejandro Char, quien raudamente sancionó el acuerdo tras recibir las facultades del Concejo Distrital, fue enfático al señalar que esta decisión se constituye en un vehículo para fortalecer a una empresa que hace parte del patrimonio de la ciudad, así como una respuesta a la necesidad de dotarla de mayor músculo financiero para enfrentar los retos de nuestra urbe.
Según el mandatario distrital, este esquema de planeación a largo plazo permitiría modernizar la infraestructura existente y proyectar soluciones para zonas que hoy se encuentran en proceso de expansión urbana.
En este contexto, cabe recordar que la empresa arrastra deudas cercanas a los 420 mil millones de pesos, que deben ser atendidas para no comprometer su operatividad. A ello se suman requerimientos de inversión estimados en cerca de 100 mil millones de pesos anuales, necesarios para garantizar un servicio eficiente, moderno y de calidad.
Cabe señalar que esta cesión empezará a regir a partir de octubre de 2033, una vez finalice la concesión vigente. No obstante, la decisión se ha adoptado con antelación —según explicó el Distrito— ante la necesidad de definir desde ahora el instrumento jurídico que permita materializar el proceso, tal como lo establece el ordenamiento legal.
Más allá de estos argumentos, resulta legítimo que la ciudadanía y distintos sectores sociales exijan mayor claridad y transparencia frente a los alcances reales de esta medida.
El concejal Antonio Bohórquez ha sido uno de los principales críticos de la medida, recalcando que las regalías que actualmente recibe el Distrito por el uso de la infraestructura han permitido financiar inversiones en saneamiento básico y respaldar al Fondo de Solidaridad y Redistribución, con el cual se subsidian las tarifas de los estratos más bajos.
Las inquietudes se acentúan si se tiene en cuenta que el rango de acción de Triple A no se limita a Barranquilla, pues sus servicios también se extienden a Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, Sabanalarga, Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo y una zona del municipio de Malambo.
La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en la viabilidad jurídica del acuerdo, sino en su impacto real sobre el modelo de ciudad que se quiere construir. Una gestión moderna de los servicios públicos exige no solo solidez financiera, sino también participación ciudadana, control institucional efectivo y una visión de largo plazo que priorice el interés colectivo por encima de cualquier cálculo político o administrativo.
