Desde hace muchos años nuestros gobernantes han “embarcado” al país en la idea de que para gobernar hay que estar cambiando incesantemente las leyes e incluso la Constitución. El contraste es claro con los países desarrollados: el presidente de los EE. UU, el del gobierno español, los primeros ministros de Canadá, Francia o Alemania, no agitan su agenda pública con el anuncio de cambios constitucionales o legales y muchísimo menos con el “coco” de una constituyente para gobernar; en términos generales, se dedican a administrar y cumplir las leyes y normas vigentes.

El último de nuestros jefes de Estado que quiso seguir esa guía básica de administración fue Virgilio Barco. En efecto, en su discurso de posesión dijo que no era necesario modificar la Constitución para las transformaciones sociales que tenía en mente como la paz, el plan nacional de rehabilitación y la reforma agraria. Sin embargo, tuvo que cambiar de opinión cuando, después del violento secuestro de Álvaro Gómez por parte del M19, aceptó las negociaciones en Panamá para su liberación, en las que el grupo secuestrador pidió no una constituyente sino una reforma constitucional.

El presidente aceptó y su ministro de gobierno Cesar Gaviria tramitó en el parlamento una muy buena reforma constitucional por el mecanismo del artículo 218 que incluía la carta de derechos, la creación de entidades como la Corte Constitucional y la Fiscalía, la Vicepresidencia, la tutela, entre otros. El presidente Barco prefirió hundirla antes que ceder a la violenta presión de los narcotraficantes para someter la extradición a un referendo.

Ahora en campaña, vuelve a aparecer el “discurso anticorrupción” proponiendo cambios constitucionales y legales.

Pocos países en América Latina tienen disposiciones tan severas para combatir la corrupción como Colombia. Nuestra Constitución en el artículo 34 establece la extinción de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social...”. Y el Código Penal contempla penas que pueden ir hasta los veinte años por los delitos clásicos de peculado, cohecho, concusión, celebración indebida de contratos y el enriquecimiento ilícito.

Hemos tenido varios “estatutos anticorrupción” y aún existe una flamante “Comisión Nacional Moralizadora” presidida por el jefe del Estado y que casi nunca se reúne. Ni que decir de los varios “zares” anticorrupción.

La engañosa consulta anticorrupción que costó más de trescientos mil millones de pesos, en general se limitaba a repetir normas existentes o a sugerir otras que nada tenían que ver, como el sueldo o el periodo de los congresistas. Sin contar con que sus impulsores, a excepción de algunos, como Claudia López y Angelica Lozano sin tacha moral alguna, fueron curiosos personajes como Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, Olmedo López y otros del Partido “Verde”, hoy presos por corrupción.

La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por la revista Cambio, muestra que la corrupción sigue siendo una de las prioridades de los ciudadanos. Si a pesar de tantas normas, el fenómeno sigue ahí, es porque el problema es mucho más profundo. Es más, de actitudes que de leyes.

¿Por qué se pasa de agache el papel del dinero en las campañas? ¿Por qué consideramos normal que los gobiernos compren los votos de los congresistas, incluso para causas nobles, mediante puestos, contratos y la entrega de “girones” de Estado? Un presidente de la Cámara y otro del Senado durante el actual gobierno están detenidos supuestamente por haber recibido aparte de puestos, dinero en efectivo, al estilo Montesinos, sin que por eso se inmuten los ciudadanos y sin que se establezcan responsabilidades políticas.

Algunas preguntas para los candidatos presidenciales: ¿mantendrían en sus puestos a ministros y altos dignatarios del Estado a pesar de las investigaciones judiciales con el argumento de que todavía no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada? ¿asumirían responsabilidades políticas por graves fallas en la escogencia? ¿desvincularían del gobierno a funcionarios corruptos aun cuando sean depositarios de incómodos secretos? ¿continuarían con la práctica de obtener apoyos parlamentarios al detal a cambio de puestos y contratos? ¿sostendrían en sus cargos a funcionarios que en público se hacen reciprocas y graves acusaciones de corrupción?

@gomezmendeza