La Procuraduría informó este miércoles en un comunicado que interpuso una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que ordena a la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 y sus integrantes devolver el anticipo del contrato con el Mintic por más de $70 mil millones.
Indicó en este sentido que, 'ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general', es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados.
El Ministerio Público solicitó declarar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.
'Entre los accionados están el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (Mintic), representado legalmente por Karen Abudinen Abuchaibe o por quien haga sus veces; el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y sus integrantes, 11 empresas y una fundación', se lee en el boletín.
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El ente de control también solicitó ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a título de estimación anticipada de perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal del contrato. También, establecer el pago del daño emergente ocasionado por cuenta de la planeación y ejecución del objeto contractual, sin el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución.
Y solicitó el Ministerio Público que se ordene al MinTIC y Fontic que adopte de manera inmediata las medidas necesarias frente Sescolombia S.A.S, la interventoría y los funcionarios públicos y demás contratistas que tuvieron que ver en la consolidación de las irregularidades presentadas.
Así mismo, que 'establezca los correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas, que aseguren o propendan por la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público esencial de internet, de acuerdo con el alcance del Contrato Fondo N°. 038 de 2020 en los 15 departamentos y en Bogotá, según objeto del contrato N°. 1043 de 2020'.
Y al contratista, los socios, partícipes y/o beneficiarios, Sescolombia S.A.S y BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria la Procuraduría pidió declararlos responsables por los 'daños, perjuicios e indemnizaciones que se presentaron en la ejecución del contrato caducado y adjudicado al segundo en orden de elegibilidad'.
Solicitó además que en esta decisión se vincule al Mintic y al Fontic. Y pidió finalmente que el tribunal disponga que la sentencia frente a esta acción popular tenga 'prevalencia sobre cualquier decisión arbitral o judicial que se adopte en los asuntos tratados o controvertidos frente a este caso en particular'.
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