La Procuraduría General de la Nación convocó a una mesa técnica en la cual se evaluaron y buscaron salidas a la crisis carcelaria en el departamento del Cesar.
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Esto tomando en cuenta que existen altos porcentajes de hacinamiento en los centros penitenciarios como la Cárcel Judicial, donde hay 639 privados de la libertad y la capacidad es de 250.
Lo mismo sucede en la URI de la Fiscalía que es un centro de atención transitoria y en la actualidad supera los 150 detenidos, y que además no hay contrato para la alimentación.
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De acuerdo con la Gobernación del Cesar, que participó en la reunión, se plantearon soluciones urgentes a corto y mediano plazo. Una de las estrategias principales será coordinar el traslado de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que ya tienen su situación judicial definida hacia cárceles de otros departamentos donde actualmente son requeridos.
Asimismo, evalúan la estructuración y firma de nuevos convenios interinstitucionales con el INPEC.
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Esta medida, que contaría con un esfuerzo financiero conjunto, permitirá habilitar traslados estratégicos para descongestionar de manera efectiva la URI y la Permanente Central de Valledupar, garantizando el orden y fortaleciendo la seguridad ciudadana, destacó la administración departamental.
En el encuentro también participaron la Alcaldía de Valledupar, la Fiscalía y la Policía Nacional.
