Treinta y ocho familias que habitaban de manera irregular en el antiguo lote de Instituto de Mercado Agropecuario, IDEMA, de Valledupar, fueron desalojadas. El procedimiento fue realizado por la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Gobierno.
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Previamente, el Fondo de Vivienda de Interés Social, FONVISOCIAL, realizó un censo y evidenció la permanencia de varias familias por cuanto era necesaria la recuperación del predio propiedad del municipio.
El secretario de Gobierno municipal, Félix José Valera Ibáñez, manifestó: “Los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Este lote está destinado para la construcción de una nueva sede de la Defensoría del Pueblo, la fase II del proyecto de vivienda Villa Bolivariana con 190 apartamentos, una sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza, oficinas de la ESAP y espacios deportivos como canchas de fútbol. Nuestra responsabilidad es recuperar lo que le pertenece a la ciudad para ponerlo al servicio de todos”.
En dicho espacio, los residentes permanecían hace más de 20 años albergados dentro de cambuches, viviendas construidas en material, sin embargo, el inmueble de 18 hectáreas identificado con matrícula inmobiliaria 190-193739 pertenecía al municipio por medio del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar, FONVISOCIAL, por tal razón, fue restituido a título de derecho, indicó la administración municipal.
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El mismo censo arrojó que 11 familias son víctimas del conflicto armado, a quienes se les otorgará subsidio de arriendo por hasta siete meses para la manutención y subsistencia del núcleo. También, se brindó transporte, asistencia y acompañamiento para el retiro de enseres y demás bienes inmuebles.
El procedimiento contó con el acompañamiento de las secretarías General, Tránsito, Seguridad, Defensoría del Pueblo, Personería, ICBF, Procuraduría, Fonvisocial, ICBF, Unidad para las Víctimas, Inspectores Urbanos de Policía, Policía Metropolitana de Valledupar y otras entidades, que garantizaron el cumplimiento de los derechos a las familias involucradas durante el cumplimiento al marco jurídico.
