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Los familiares de Yenni Salazar Zabaleta, expersonera del municipio de Tamalameque, Cesar, están desesperados y angustiados por su regreso a casa, puesto que han pasado tres meses desde su secuestro, cuando se desplazaba en una camioneta en el tramo La Vega-Zapatosa, sobre la vía que comunica a Chimichagua con Pailitas.

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Pese a que saben quiénes la tienen retenida contra su voluntad, en este caso el ELN, su preocupación no deja de ser inmensa debido a que este grupo guerrillero pide $15.000 millones para liberarla.

Su hermano Juan Carlos Salazar, quien es el gerente del Hospital de Tamalameque, indicó que han sido tres meses de angustia sin saber cómo se encuentra Yenni, todos en la familia están sufriendo y piden la intervención del Estado colombiano ya que es una suma exorbitante de dinero, que ni uniéndose todo el pueblo podrían reunirla.

Asimismo manifestó que a través de una comisión de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, pudieron tener una prueba de sobrevivencia, la cual solo pudo ver su madre.

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Por esta situación en Tamalameque se llevó a cabo una velatón y una eucaristía pidiendo la liberación de esta joven abogada que en la actualidad se estaba dedicando al agro, específicamente a la siembra y comercialización de palma.

“De verdad, una situación muy difícil en la cual también entregan un mensaje pidiendo un rescate de una suma de dinero exagerada, exorbitante. Entonces queda uno en manos del Estado colombiano, de la justicia de nuestro país. Ahora nos toca seguir tocando las puertas, enviarle ese mensaje a los que están en la mesa de paz y en las negociaciones. Que nuestra voz le llegue al presidente de la República, que por favor se tomen las medidas necesarias para disminuir los hechos de violencia”, dijo Juan Carlos Salazar, quien finalmente le envió un mensaje a su hermana: “que tiene a su familia, un hermano y que estamos esperándola, estamos haciendo y tocando mil puertas para que pronto esté con nosotros nuevamente”.

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Es de recordar que la expersonera fue secuestrada junto con el ingeniero agrónomo Andrés Urieta y José Antonio Ardila, quienes horas después fueron dejados en libertad, en el municipio de Pelaya.