La Fiscalía informó que los cuatro policías de la seccional de Tránsito implicados en presuntos actos de corrupción en Cesar, habrían cobrado entre $200 mil y $3 millones por dejar circular vehículos con carga extrapesada sin el cumplimiento de los requisitos y en horas prohibidas en carreteras de este departamento.
Tras la judicialización de los uniformados y dos particulares, procesados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer, el organismo reveló que entre 2019 y 2021, los implicados se habrían apropiado de gruesas sumas de dinero al cometer presuntamente estas irregularidades.
Durante las audiencias concentradas fueron privados de la libertad en lugar de residencia Jeorgy Fabián Pabón Pacheco, exjefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de esta zona. Asimismo, se decretó medida de comparecencia cuando sea requeridos en contra de Julieth Paola Ramírez Daza, exjefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santa Marta (Magdalena), Ferney Flórez Benavides y Fredy Cobo Ávila intendentes pensionados de la Policía Nacional; así como a los particulares Carlos Andrés y Juan Guillermo Londoño Agudelo.
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Los implicados fueron capturados en Barranquilla (Atlántico), Bucaramanga (Santander) y Bogotá.
Los uniformados y los particulares fueron presentados ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar fuero para su judicialización.
De acuerdo con la investigación, los policías al parecer se concertaron con empresarios de grúas de la región, a fin de permitir el paso de las cargas extrapesadas.
Según la Fiscalía, estas personas habrían infringido la Resolución N° 004959 del 08/11/2006 del Ministerio de Transporte, la cual regula los permisos y autorizaciones para transportar cargas indivisibles, extrapesadas y extradimensionadas por la vías nacionales, departamentales, metropolitanas, distritales o municipales, así como las especificaciones de los vehículos que se deben destinar para esa clase de transporte, las medidas técnicas que se deben adoptar para la protección de la infraestructuras vial y de seguridad vial y manejo del tránsito para garantizar la movilización segura de las personas, de los usuarios de la vías y de la carga a transportar.
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