La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco funcionarios y dos tramitadores de la secretaría de Tránsito de Valledupar, implicados en el llamado ‘cartel del comparendo’, mediante el cual habrían obtenido grandes sumas de dinero a través del manejo irregular de procesos de multas y sanciones por infracciones.
Se trata de Julieta Margarita Hinojoza Daza, Inspectora de tránsito; Letzzy Carolina González Oñate, secretaria ejecutiva; Margarita Rosa Cartagena Guerra, contratista; Amparo de Jesús Estrada Arias, secretaria, y Odacyr Alberto Montenegro, auxiliar administrativo; y de los tramitadores Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola.
De acuerdo con la Fiscalía 12 seccional contra delitos a la administración pública las presuntas irregularidades se habrían cometido entre 2016 y 2020, periodo en el que el municipio de Valledupar habría dejado de recibir más de $3 mil millones por conceptos de multas derivadas de las infracciones al Código Nacional de Tránsito.
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Todos son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y falsedad en documento público.
'Durante el período comprendido entre 2016 y 2020 al parecer los funcionarios se concertaron entre sí y con particulares que se desempeñaban como tramitadores externos de la secretaría municipal de Tránsito de Valledupar Cesar, entre ellos, Tatiana Isabel Cuello y William José Redondo, con el propósito de utilizar esa entidad como el escenario propicio para realizar diversos actos de corrupción e incurrir en conductas punibles, con permanencia en el tiempo, toda vez que desde sus funciones y roles, habrían pretermitido el ingreso o cargue de las ordenes de comparendo en los sistemas de información Civitrans, Simit y Runt, provocando intencionalmente múltiples caducidades de acciones contravencionales y prescripciones de acción de cobros de sanciones impuestas', indicó el ente acusador.
'Así mismo habrían omitido el ingreso y actualización en el Runt de las órdenes de embargo de vehículos autorizados por los jueces de la República de diferentes distritos judiciales, pero también al parecer eliminaban, borraban o modificaban arbitrariamente información debidamente cargada en esa plataforma', informó.
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En cuanto a los tramitadores, presuntamente intervinieron en la mayoría de los procesos y trámites de esa entidad, teniendo como función la de reclutar o captar a potenciales usuarios del servicio o clientes, a quienes les ofrecían sus servicios para gestionar antes sus aliados, los funcionarios, todo tipo de trámites y actuaciones, legales e ilegales y lo hacían a cambio de sumas de dinero, exigidas y concertadas, las que finalmente se distribuían entre estos y los servidores públicos vinculados a la organización.
Estos servidores al parecer exigían cuantiosas sumas de dinero que realizaban los usuarios del servicio y en otros casos las aceptaban por ofrecimiento directo que hacían los usuarios, en los trámites de traspaso, des-pignoración, duplicados de licencia de tránsito, duplicados de placas, etc.
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Los implicados habrían dejado caducar alrededor de 1.368 comparendos y prescribieron alrededor de 81.235. Además existen evidencias que existieron gran cantidad de comparendos realizados con unos talonarios y una numeración no autorizadas por el Runt.
Asimismo, los procesos por las multas de alcoholemias los dejaban caducar, las resoluciones con que retiraban los vehículos de los patios eran falsas; mientras que el encargado de la plataforma del Runt no subía las decisiones judiciales, y los vehículos hacían diferentes trámites ya que no tenían afectación a la propiedad.
