Las regalías, en vez de ser una bendición para estas regiones, se han convertido en una maldición'.
La sentencia es del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, quien, en entrevista con EL HERALDO, afirmó que el caso de los malos manejos de estos recursos en La Jagua de Ibirico, municipio al centro del Cesar, es el 'espejo' de lo que ha pasado en el país con miles de millones de pesos de esa fuente.
El jefe del máximo organismo de control fiscal del país basó parte de su afirmación en la publicación de este diario en la que se dio a conocer la evaluación de lo que ha sucedido en dicha población con las regalías y las condenas, destituciones e investigaciones en contra de sus últimos cinco alcaldes.
'El problema –enfatizó Maya– no es que estén condenados o procesados esos exmandatarios, porque ellos después siguen su vida normal, el problema es como en una población que no alcanza los 24.000 habitantes se han invertido en forma indebida miles de millones de pesos'.
Tras señalar que ve con 'inmensa preocupación' el uso indebido de las regalías, recordó que la Contraloría inició una serie de investigaciones en La Jagua de Ibirico, el Cesar y todos los departamentos que son materia de inversión de estos recursos.
ATAJAR CORRUPCIÓN
Sobre La Jagua explicó que con todas las contralorías delegadas iniciarán una actuación especial sobre la contratación en el ente territorial. 'Se trata de una investigación a fondo', subrayó.
Maya enfatizó que aunque la Corte Constitucional le quitó a la Contraloría la figura del control de advertencia, la que consideró era una importante herramienta para evitar el daño en el manejo de los recursos públicos, él continuará, desde sus funciones, tratando de evitar que sigan malgastando las regalías.
Como en el control previo también fue abolido en la Constitución de 1991, a la CGR 'lo que le queda es un control posterior y la vigilancia de los recursos públicos. Vamos a seguir en la búsqueda del buen uso de los dineros oficiales', prometió.
HALLAZGOS FISCALES
Las auditorías realizadas por la Contraloría en 19 gobernaciones y 29 municipios, a corte del segundo semestre de 2015, arrojaron 134 hallazgos por $112.073 millones, de los cuales 50 se concentran en la Costa por más de $30.000 millones.
El hallazgo fiscal de mayor valor, por $15.526 millones, se dio en una actuación especial sobre recursos de regalías destinados a financiar proyectos de vivienda en el departamento del Meta, en las vigencias 2010 a 2015.
En los Llanos Orientales detectaron 25 posibles irregularidades que suman $42.954 millones. Mientras tanto, en los hallazgos con presunta connotación fiscal, en la Región Caribe identificaron uno por $10.858 millones para la construcción del acueducto y el alcantarillado del corregimiento de Camarones, en Riohacha, La Guajira.
En ese solo Departamento las auditorías arrojaron 14 descubrimientos irregulares por un total de $19.868 millones, seguido por el Cesar con 20 hallazgos por más $4.417 millones y Bolívar con cuatro por $2.053 millones.
ANOMALÍAS EN LA COSTA
Los descubrimientos con presunta connotación fiscal más significativos en la Costa se distribuyen en los sectores de agua potable, educación, agricultura, vivienda, ciudad y territorio.
En cuanto a las investigaciones realizadas de las inversiones en 2012, 2013 y 2014, los presuntos hallazgos fiscales más relevantes en La Jagua suman $7.019 millones en dos proyectos para la construcción de 1.010 viviendas.
Allí los auditores evidenciaron que las obras registran problemas de vulnerabilidad estructural, pues las casas presentan agrietamientos, desmoronamiento de paredes y debilidades en el diseño.
Otro hallazgo, que arrojó un juicio de responsabilidad fiscal por posible detrimento de $2.380 millones contra el exalcalde Didier Lobo, tiene que ver con presuntos sobrecostos en paquetes nutricionales.
El 9 de febrero pasado la Contraloría General dio traslado a la Fiscalía y Procuraduría para que actúen, de acuerdo con sus competencias, frente al hallazgo que hizo en las investigaciones de responsabilidad fiscal en La Jagua de Ibirico por el posible detrimento patrimonial en los kits alimentarios adquiridos con recursos del Sistema General de Regalías a través de un contrato por $15.000 millones para atender a la población en riesgo o estado de desnutrición, que, además de Lobo, involucra a la unión temporal Servicios Nutricionales Complementarios, integrada por la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, GERS; Industrias Alimentos y Cathering Catalina S.A.S. y la Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos, a las que les abrieron juicio de responsabilidad fiscal.
OTRAS IRREGULARIDADES
La Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías reveló que durante 2012 detectaron 738 hallazgos fiscales por $333.968 millones en las auditorías regulares (actuaciones planificadas); por actuaciones especiales (actuaciones no planificadas) hubo 43 hallazgos fiscales adicionales, por un monto de $130.566 millones, en las regiones Caribe, Centro Oriente, Eje Cafetero, Llanos, Pacífico, Centro Sur y Proyectos del Fondo Nacional de Regalías en liquidación.
Comparado con las otras regiones, en ese año los resultados de los descubrimientos fiscales de la Costa son los más altos: 257 hallazgos por $213.105 millones.
Bajo la lupa de la Contraloría se encuentran importantes proyectos financiados con el Fondo Nacional de Regalías en liquidación en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Tolima y Bolívar.
También, durante el control fiscal de 2012 identificaron presuntos detrimentos patrimoniales en obras inconclusas en el acueducto de Buenaventura, el Plan Departamental de Aguas en Boyacá y la Política de Vivienda en los municipios de Casanare. Todos financiados con recursos de regalías.
15 auditores para reficar
El contralor Maya destacó que continúa la investigación respecto a los sobrecostos en la Refinería de Cartagena, Reficar. 'Tenemos 15 auditores al frente de esta función para entregar los resultados en caso de que existan hallazgos fiscales, disciplinarios y penales, para trasladarlos a los organismos competentes de acuerdo con su competencia'. El costo final del proyecto fue de 8.016 millones de dólares contra el presupuesto inicial de 3.993 millones de dólares. Es decir, los costos de ejecución se incrementaron en 4.023 millones de dólares. Para la Contraloría, el proyecto de ampliación y modernización de Reficar se apartó sensiblemente de los parámetros definidos en la política pública, o sea tener una participación estatal minoritaria y sin riesgos, sin que los costos se elevaran de forma incontrolada. El valor total de Reficar equivale a 1,5 veces la ampliación del Canal de Panamá y 1,15 veces lo que se estima costaría el Metro de Bogotá. Para el ente de control, en este proyecto hubo una verdadera feria de adiciones a contratos. El 18% de los contratos, más de 440, presentaron incrementos superiores al 100%.
