El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena ordenó a la Alcaldía, a la Gobernación de Bolívar y al Inpec suministrar los insumos de bioseguridad, como guantes, tapabocas y alcohol a las personas privadas de la libertad en la cárcel de Ternera para evitar el contagio y propagación de la COVID-19.
El juez acogió la solicitud del Ministerio Público y amparó los derechos a la salud y la vida de los privados de la libertad, así como de los miembros del cuerpo de custodia y el personal administrativo del penal, y pidió que se diseñe una estrategia que garantice la presencia de profesionales de la salud las 24 horas del día.
Así mismo, el juez ordenó que se disponga lo necesario para que exista el distanciamiento necesario, se efectúen jornadas sanitarias y se agilice el proceso de toma de pruebas para COVID-19 en el centro carcelario.
Según la Procuraduría, tras tutelas radicadas durante la cuarentena, jueces ordenaron la reubicación y protección sanitaria de 600 reclusos en centros penitenciarios de 15 ciudades con el fin de mitigar el contagio del nuevo coronavirus.
'El Ministerio Público ha radicado un total de 19 tutelas para proteger los derechos a la dignidad humana, a la salud y la vida de esa población, 12 de la cuales ya fueron falladas concediendo las pretensiones de la Procuraduría, mientras las restantes se encuentran en trámite ante los jueces respectivos', informó la Procuraduría.
De estos 12 fallos, dos fueron emitidos en Cartagena, uno en Santa Marta y otro en Sincelejo, así como en otras ciudades del país. De las que están en trámites, en la Región Caribe, hay tutelas radicadas en Magangué (Bolívar), Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.
En el caso de Santa Marta, el Juez Cuarto Penal del Circuito de la ciudad requirió a las autoridades municipales y departamentales la reubicación de 118 reclusos, quienes se encuentran en cinco centros de detención transitorios, a sitios que ofrezcan condiciones sanitarias que mitiguen el riesgo de contagio.
