¿Por qué en Barranquilla se extravían cadáveres con COVID?
Cuatro familias terminaron unidas por el dolor e incertidumbre de no saber qué había pasado con sus familiares fallecidos.
Esta semana se hizo viral un video en el que una mujer abrió el ataúd en el que se encontraba el cadáver de su madre –que había fallecido por COVID-19– para “verla por última vez”, y se da cuenta de que el cuerpo no corresponde a su progenitora.
El caso ocurrió en Sincelejo (Sucre) y terminó con la intervención de la Alcaldía y la Personería del municipio para hallar el cuerpo de la mujer.
Las imágenes e historias alrededor de lo ocurrido lograron impactar a ciudadanos de todo el país, quienes se apresuraron a juzgar las acciones de la familia de la fallecida y a cuestionar el por qué y cómo se presentó la equivocación que casi les hace sepultar un cadáver desconocido.
Sin necesidad de abrir ataúdes, cuatro familias de Barranquilla se enfrentaron con el mismo error y el debate sobre la disposición de cadáveres de personas fallecidas con COVID-19 se avivó aún más.
El caso
El señor Orlando Carrillo Sánchez fue enterrado dos veces. Tras fallecer por COVID-19 el pasado lunes en la Clínica del Prado de Barranquilla, sus familiares más cercanos le dieron el que pensaban sería el último adiós al anciano en el cementerio Jardines de la Eternidad a la mañana siguiente
La noticia de su muerte no fue fácil de digerir para la familia. En una ceremonia con poquísimas personas, pero con mucho desconsuelo, el abuelo Orlando fue sepultado. Sin embargo, luego se dieron cuenta que haría falta un segundo ritual fúnebre para despedir por completo al patriarca.
No se trata de una película de fantasía, pero sí fue un terrible horror para la familia del fallecido saber que el cadáver que habían llorado no era el de su abuelo.
“Le dimos sepultura y ese mismo día (martes) a las 2:00 de la tarde recibimos una llamada de un conocido que nos dijo que mi abuelo estaba en la morgue de la clínica”, contó, todavía sorprendido, Henry Mendoza, nieto del fallecido Orlando Carrillo Sánchez.
Para respaldar lo que afirmaba, contó Mendoza, el allegado a la familia les envió una fotografía –la última de Orlando– del querido abuelo recostado sobre una camilla del depósito de cadáveres de ese centro médico.
“Estábamos convencidos de que habíamos sepultado a mi abuelo, pero en realidad sepultamos a otra persona”, explicó Henry Mendoza.
A esa misma conclusión llegaron los familiares de Javier José García Muñoz, Marilin Pérez y José Muñoz, otras tres personas que habían fallecido en la Clínica del Prado y de quienes no se tenía claridad sobre el paradero de sus cuerpos.
Este jueves, el cuerpo de Marilin no aparecía en la morgue de la clínica. Tampoco el de José. Pero sí estaban los de Orlando y Javier, a los que, supuestamente, ya habían sepultado.
Fue así como, por una aparente confusión, cuatro familias de Barranquilla habían terminado unidas por llorar a sus familiares y a los de otros.
En su momento, Alberto Hernández, esposo de la fallecida enfermera Marilin, contó a EL HERALDO que el cuerpo llevaba desaparecido 48 horas, luego de que la mujer muriera debido a una neumonía severa. Por su parte. Gonzalo Muñoz, hijo de José, dijo que se había dado cuenta del extravío del cadáver de su padre –que había estado en cuidados intensivos– cuando la funeraria fue a buscar el cuerpo y no lo encontraron.
Las quejas y reclamos de las cuatro familias no se hicieron esperar y, por eso, se tomó la decisión de exhumar los cadáveres ya sepultados y volver a despedir a los que, hasta entonces, no habían sido retirados de la morgue.
“Es culpa de las clínicas”
El de Sincelejo y el reciente caso múltiple en Barranquilla no son los primeros ni los únicos en registrarse en el país desde que empezó a aumentar con gran velocidad el número de muertes por COVID-19.
En redes sociales se han viralizado videos y publicaciones que denuncian este tipo de sucesos, al mismo tiempo que recriminan a las funerarias por presuntos malos procederes a la hora de dar la última disposición a los cuerpos.
Sin embargo, para los miembros de este gremio la responsabilidad recae mayoritariamente en los centros de salud.
EL HERALDO consultó al propietario de una funeraria en Barranquilla que prefirió la reserva de su identidad, pero indicó que “las clínicas no ponen de manera correcta un rótulo que permita la identificación de los cuerpos”.
La fuente explicó que existe una documentación necesaria para retirar un cuerpo de una morgue y que entre los papeles requeridos se encuentran los documentos de identidad del fallecido, así como la epicrisis y el certificado de defunción.
“Nosotros los de la funeraria debemos hacer la verificación de la identidad de la persona (...), pero si se trata de muertes por COVID-19 o con sospechas, el cuerpo viene en un embalaje de dos o tres bolsas selladas herméticamente y deben tener el rótulo del fallecido, porque no se les puede ver”, afirmó la fuente. Indicó que ello hace parte del protocolo establecido para la protección de las personas que trabajan con servicios fúnebres en medio de la pandemia por el coronavirus.
Sin embargo, dijo, muchas veces los centros de salud no realizan el etiquetado y rotulación de cadáveres de manera correcta y es allí cuando se presentan confusiones como las de las familias Carrillo, García Pérez y Muñoz.
“La equivocación que sucede en Barranquilla con la entrega de los cuerpos es culpa de las clínicas (...) Hay entidades (funerarias) que retiran los cuerpos sin tener que ver con la identificación, pero eso no ocurre mucho porque ya sabemos que cometen errores en las clínicas y es necesario hacer siempre las verificaciones”, reiteró la fuente.
Lo que dice el protocolo
De acuerdo con un documento emitido en junio de 2020 por el Ministerio de Salud, en el que se brindan “Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS-COV-2 (COVID-19)”, la disposición de los cuerpos “debe realizarse con la mínima manipulación posible”.
“Las prácticas de embalsamamiento, tanatopraxia u otros alistamientos de cadáver en casos con diagnostico presuntivo o confirmado de infección por SARS-COV-2 (COVID-19) quedan restringidas”, indica el documento.
Así mismo, se deja en claro que “los prestadores de servicios de salud deben colocar el cadáver en bolsa específica para cadáveres” y que “el alistamiento del cadáver se realizará siempre en el lugar del deceso”.
Investigan el caso
La Clínica del Prado decidió no pronunciarse frente a lo ocurrido con los cuatro cadáveres durante esta semana; sin embargo, la Secretaría de Salud del Distrito conoció el caso e intervino asegurando que se abriría una investigación para esclarecer por qué se presentó tal confusión.
De acuerdo con lo estipulado en un comunicado de prensa, la Secretaría de Salud distrital abrió “una averiguación preliminar jurídica para establecer quiénes fueron los responsables de los hechos que afectan a las familias involucradas”.
Con base en los resultados, informó la Secretaría, se podrían aplicar sanciones de hasta 10.000 salarios diarios mínimos legales, la suspensión o cancelación del registro y/o el cierre temporal o definitivo de los servicios de las entidades responsables.
Así mismo, la dependencia distrital lamentó lo ocurrido con las cuatro familias antes mencionadas, así como otros casos conocidos.
La Secretaría indicó que “ante la emergencia mundial que estamos viviendo, es vital dar estricto cumplimiento a las orientaciones en el manejo, traslado y disposición final de cadáveres que ha impartido el Ministerio de Salud”.
Por otro lado, este medio solicitó a la Secretaría de Salud, a través de su oficina de prensa, la cifra de denuncias obtenidas sobre casos de confusión o pérdida de cadáveres durante la vigencia de la pandemia en el Distrito, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Así mismo, se consultó la opinión de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) frente a lo sucedido con la Clínica del Prado y otras entidades de salud en la Costa, pero la agremiación indicó, a través de su jefe de prensa, que “por ahora no se va a referir al tema, hasta no tener más información al respecto”.
Vuelven a aplazar la exhumación de dos cadáveres
Las familias Pérez y Muñoz tratan de superar un nuevo impedimento para despedir a sus seres queridos luego de seis días de haber fallecido en la Clínica El Prado.
Aunque los familiares de Marilin Pérez y José Muñoz fueron citados en la tarde de este sábado para desarrollar la exhumación de los cuerpos, debido a que fueron sepultados por otras familias, el procedimiento fue suspendido.
Eliana Pérez, hermana de Marilin, explicó que el proceso no se pudo cumplir ante la reiterada negativa de las directivas de la funeraria Jardines de la Eternidad a pesar del acuerdo de voluntades firmado como resultado del proceso de conciliación que fue acompañado por la Personería y la Secretaría de Salud.
“Todo esto nos demuestra que el cuerpo de mi hermana sigue desaparecido y no quieren respondernos por esta situación. Entre la clínica y la funeraria se tiran la pelotica ahora”, expuso.
A su turno, Katherin Hernández, hija de la fallecida, aseguró que “se han burlado de nuestro dolor. Están dilatando el proceso para que el tiempo pase y el reconocimiento del cadáver sea más difícil”.
Gonzalo Muñoz, hijo de José, expresó su molestia debido a la actitud mostrada a lo largo de la semana por la clínica y la funeraria: “En este caso hay responsabilidad compartida en el error que hubo en la entrega y recolección de los cadáveres pero no lo han querido aceptar”.
Tras varias horas de concertación, se acordó que la exhumación de los dos cadáveres se desarrollará en la mañana de este domingo y no contempla el traslado del cuerpo de Marilin a otro camposanto, cómo estaba planteado desde un principio.
Por su parte, el sufrimiento de las familias García y Carrillo llegó a su fin en la noche del viernes, cuando recibieron los cuerpos de Javier José García Muñoz y Orlando Carrillo para la correspondiente sepultura.
Cabe recordar que la Secretaría distrital de Salud abrió una investigación jurídica en contra de la Clínica El Prado debido a los errores en la entrega de los cuatro cadáveres.
A través de ese proceso se busca establecer quiénes fueron los responsables de los hechos que han afectado a las familias involucradas. Según los hallazgos se definirá si hay lugar a los respectivos procesos sancionatorios.
