Ley de regiones: los temas presupuestales siguen causando debate
Buscan acuerdo en torno a la iniciativa de descentralización. El martes “pulirán” informe de la subcomisión.
Los temas presupuestales siguen estando en el centro de los debates alrededor de la ley de regiones luego de que el Ministerio de Hacienda emitiera un concepto negativo frente al proyecto, precisamente, por cuestiones de su financiamiento.
El pasado miércoles se reunió la subcomisión designada por la plenaria de la Cámara para llegar a un acuerdo en torno a la iniciativa de descentralización, que debe afrontar su cuarto y último debate en el pleno de la corporación.
La representante atlanticense del Partido de la U, Martha Villalba, aseguró a EL HERALDO que fue una reunión “muy productiva” y que les “permitió conciliar todos aquellos aspectos en los cuales existían muchas dudas desde el punto de vista legal y financiero, y fueron absueltos los interrogantes en su gran mayoría, referentes al tema presupuestal”.
Por su parte, el barranquillero César Lorduy, de Cambio Radical, dijo que “fue un encuentro, digamos, de manera inicial, tensa. El punto central era si la región como ente territorial participa o no del Sistema General de Participaciones, SGP, y si no participara de este pues entonces en algún momento se le asignarán recursos por la vía del presupuesto nacional, y el acuerdo se logró en el sentido de que efectivamente se incluyera un parágrafo en este sentido”.
Agregó Lorduy que el martes próximo se pulirá el informe de subcomisión para que haga parte de la ponencia en el cuarto y último debate de la ley de regiones en la plenaria de la Cámara.
El pasado 9 de octubre, este medio reveló el concepto negativo de la cartera económica frente al articulado, en el que se lee que el proyecto “genera la obligación de destinar recursos del Presupuesto General a la financiación del funcionamiento de las Regiones Administrativas de Planificación, RAP, y Regiones Entes Territoriales, RET”, lo cual considera “altamente inconveniente” y agrega que la ley establece que los esquemas asociativos no deben generar gastos de funcionamiento adicionales ni un crecimiento de la planta burocrática.
