El exdiputado del Atlántico Nicolás Petro compareció este martes de manera virtual a la audiencia de verificación de preacuerdo ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla. Aunque reside en esa ciudad, actualmente permanece en Bogotá y no asistió de forma presencial, según su defensa, por dificultades económicas derivadas de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo incluyó en la Lista Clinton.
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Durante la diligencia, su abogado aseguró que las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. le impiden acceder a sus cuentas bancarias, realizar compras en plataformas comerciales o comprar tiquetes aéreos, lo que —dijo— imposibilitó su traslado a Barranquilla. Por esa razón, el juez autorizó su intervención de manera remota.
El defensor también sostuvo que esta situación no constituye una evasión del proceso, sino una consecuencia directa del bloqueo económico que enfrenta su cliente. “No es que el señor Nicolás Petro no quiera presentarse en persona, sino que carece de los medios para hacerlo”, argumentó ante el juez.
La Fiscalía rechazó las excusas de la defensa de Nicolás Petro
Durante la audiencia, la fiscal del caso, Lucy Laborde, cuestionó la justificación presentada por la defensa y aseguró que la comparecencia virtual no debía convertirse en una constante. La funcionaria expresó su “inquietud” sobre si se intentó que otra persona adquiriera el tiquete para facilitar el desplazamiento del procesado.
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“Esta delegada tiene la inquietud si se intentó que el tiquete fuera adquirido por alguna otra persona para que él viajara, y esa es una duda que tiene la Fiscalía”, señaló Laborde.
La fiscal también restó validez al argumento de riesgo de seguridad invocado por la defensa, el cual se basaba en la reciente captura de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la propia fiscal, por presuntos vínculos con el Clan del Golfo. Según Laborde, ese hecho “no constituye una excusa” de orden público nacional que justifique la inasistencia.
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“El funcionario lleva varios meses sin estar, y le asiste la presunción de inocencia. No es un motivo ni una excusa que el señor Nicolás Petro no esté presente, porque no es una situación de orden público de carácter nacional”, añadió la fiscal.
Así respondió la defensa de Petro Burgos a los cuestionamientos de la fiscal
Ante los reparos del ente acusador, Carranza explicó que su cliente no puede realizar transacciones financieras ni permitir que terceros compren bienes o servicios a su nombre, debido a que eso podría interpretarse como una maniobra para evadir las sanciones de la Lista Clinton.
“Cuando una persona se encuentra enlistada, ningún tercero puede hacer negocios por él. Este tema del listado es novedoso y es algo que no contábamos. Es algo que no sabíamos”, indicó el abogado.
Sobre el argumento de seguridad, Carranza insistió en que el contexto actual sí representa un riesgo para su defendido. “Es un tema de orden nacional porque es el hijo del Presidente, y aquí estuvo alguien del Clan del Golfo”, afirmó, refiriéndose al escolta investigado.
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El defensor reiteró que Nicolás Petro trasladó su residencia a Bogotá precisamente por motivos de seguridad, y que esta medida fue comunicada previamente a las autoridades judiciales.
“Los últimos acontecimientos muestran que hay factores externos que amenazan su seguridad. No podemos ignorar el contexto de riesgo en el que se encuentra”, había advertido en audiencias anteriores.
¿En qué quedó la audiencia de Nicolás Petro?
La diligencia de este martes tenía como propósito revisar el preacuerdo firmado entre Nicolás Petro y la Fiscalía, dentro del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el trámite no concluyó, ya que el juez decidió aplazar la decisión final para una nueva fecha, mientras ambas partes ajustan los términos del convenio.
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El juez Hugo Carbonó Ariza pidió además una certificación del despacho que le permita a Petro tramitar un tiquete aéreo en el futuro, en caso de que sea necesario su desplazamiento a Barranquilla.
¿Por qué investigan a Nicolás Petro?
Nicolás Petro Burgos enfrenta un proceso penal desde 2023, cuando la Fiscalía reveló hallazgos sobre movimientos financieros que habrían incrementado su patrimonio sin justificación. Según la investigación, el hijo del presidente habría recibido más de mil millones de pesos entre 2020 y 2022 de fuentes no declaradas, recursos que presuntamente se destinaron a la campaña política en el Atlántico.
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La defensa sostiene que el dinero provenía de préstamos personales y no de actividades ilícitas. En el expediente figura el nombre del empresario Alfonso del Cristo ‘El Turco’ Hilsaca, señalado de entregar sumas de dinero a Petro Burgos, aunque su participación aún no ha sido definida judicialmente.
El proceso continuará en los próximos días, una vez el juzgado determine la validez del preacuerdo y las condiciones en las que el acusado deberá comparecer a las futuras diligencias.
