El alto volumen de la música, el no pago de las facturas de servicios públicos y el concepto de administración, el consumo de sustancias alucinógenas en zonas comunes y las reparaciones internas en los apartamentos son algunas de las situaciones que constantemente desencadenan problemas de convivencia en conjuntos y edificios ubicados en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.
En más de una oportunidad, las redes sociales se han “inundado” de fotos y videos de enfrentamientos entre vecinos a causa de diferencias. Esta problemática ha prendido las alertas entre las autoridades y gremios de la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que tendría génesis en el desconocimiento de las normas que regulan.
En lo corrido del presente año, en el departamento –de acuerdo con la Lonja de Propiedad Horizontal– se han recibido alrededor de 96 quejas por mala convivencia, de las cuales cerca de 60 corresponden a denuncias penales. Esta cifra supera los promedios de semestres anteriores.
De acuerdo con los registros, los sectores con más problemas de este tipo en la capital del Atlántico son Caribe Verde, Alameda del Río y los municipios Soledad y Malambo.
Katy Orozco, gerente de una firma encargada de administrar varios conjuntos y edificios, contó que en días pasados se viralizó el caso de una habitante de un conjunto residencial de Caribe Verde que golpeó a la administradora delegada del lugar porque se le encontró una “desviación” de energía.
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“Los costos de energía llegaban muy altos a algunos apartamentos, por lo que los propietarios pidieron una revisión; esto puso en evidencia que otras viviendas se habían conectado a sus redes y por ende se incrementó el consumo”, dijo Orozco.
Relató que momentos previos al ataque, la administradora delegada se dirigió hasta el apartamento para pedir a los propietarios que se acercaran a su oficina para hablar acerca de lo sucedido: “La puerta la abrió una mujer, quien le respondió que ya le hacía saber la situación a su esposo debido a que era quien se encargaba de los servicios y luego de un momento a otro esta señora bajó y tomó desprevenida a la administradora”.
Orozco aseveró que se trata de residentes que han persistido en diferentes eventos que han dado lugar a alterar la convivencia.
“No pagan la cuota de administración, amenazan a los guardias de seguridad cuando se hace el plan candado que es el que evita que tengan acceso al parqueadero comunal. Me parece bastante complejo y las constructoras no nos brindan un respaldo ante estas situaciones”, enfatizó.
Los actos de violencia no son los únicos protagonistas de discusiones entre vecinos. EL HERALDO conoció el caso de una pareja de adultos mayores que vivían en Soledad y debieron mudarse debido a que en un piso inferior había una fábrica de embutidos.
“No podían abrir las ventanas porque el olor constante a salchicha y butifarra era muy fuerte y pues se trataba del bienestar de dos adultos que padecían enfermedades oncológicas por lo que el ambiente en el que debían convivir debía ser el más adecuado”, sostuvo un testigo del hecho.
Tras interponer quejas y derechos de petición y ver que no había solución alguna y su salud se estaba viendo comprometida, la pareja decidió mudarse hacia otro conjunto residencial donde las normas de convivencia si fueran respetadas.
Análisis de la situación
Héctor Bustamante, abogado especializado en temas de propiedad horizontal, mencionó que la mayoría de los problemas de convivencia que se presentan en los conjuntos de interés social tienen relación con que las constructoras nunca cumplieron con el deber de socializar lo que era vivir en convivencia.
“Encontramos siempre a esas personas que quieren hacer su propia ley dentro de estos conjuntos”, sostuvo.
A su turno, Silvia Padilla, presidenta de la Lonja de Propiedad Horizontal en el Atlántico, dijo que se ha evidenciado un incremento en la presencia de conflictos en los conjuntos residenciales de la ciudad.
Indicó que se ha propuesto que existan jueces especiales y que la Fiscalía también tenga investigadores que puedan actuar y ser mediadores para dar solución a los conflictos.
“Sucede que no se le da prioridad al impacto que generan estos problemas sociales y esto con el tiempo va generando unos problemas mucho mayores. Digo que el órgano competente es la Policía; aunque existe un nuevo Código de Policía, tampoco ejercen las funciones que realmente se debe hacer y no realizan las multas”, señaló.
Padilla manifestó que los problemas de violencia y mala convivencia residencial no finalizarán hasta que se adopte una legislación “rápida”, que vele por los derechos y deberes de los propietarios.
Se mostró preocupada ante las acciones “ineficientes” de las autoridades competentes con relación al cambio de uso de suelo en conjuntos residenciales y edificios de los estratos 1, 2 y 3, especialmente.
“En la mayoría de los proyectos de interés social se transforman las áreas residenciales en espacios comerciales. Los apartamentos, en muchos casos, terminan siendo tiendas o locales de venta de comidas rápidas”, agregó.
Padilla también aseguró que la situación ha generado un impacto negativo en la convivencia, al punto que algunos administradores han sido víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de los propietarios que infringen las normas.
“Hemos recibido múltiples denuncias de administradores afectados por la falta de acción efectiva y pedagógica de las autoridades, que no actúan con celeridad y no brindan soluciones adecuadas dejando en una situación de vulnerabilidad a los administradores como de indefensión hasta el punto de estar en riesgo sus vidas”, comentó.
Desde la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico se hizo un llamado para que la Procuraduría General de la Nación intervenga “de manera urgente” para que se tomen los correctivos necesarios y brindar garantías a la comunidad.
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Desde los gremios de la propiedad horizontal también se cuestionó la conformación de los comités de convivencia. Dicha instancia, según lo expuesto por la normatividad, es integrado por un número impar de tres o más personas de libre nombramiento y remoción por la asamblea general para un periodo de un año.
Sin embargo, la ley es enfática al exponer que el Comité no podrá imponer sanciones a los copropietarios.
Las posibles causas de los conflictos
El sociólogo Jair Vega mencionó que una de las causas que desencadena los conflictos en estas propiedades es que en muchos casos son personas que vienen de vivir de manera individual. “De pronto vienen de vivir en una casa. La ciudad tampoco desarrolla procesos de formación ciudadana para que se pueda aprender a construir y a habitar en convivencia con otros”, dijo. Señaló que otra de las causas de estas conductas es que no se prevé la planeación urbana como la satisfacción de necesidades.
“ Deben tener más control sobre el desarrollo urbano, es necesario que también se invierta en la en formación de ciudadanía, que se generen campañas de convivencia, acompañamiento a los diferentes actores”, puntualizó el profesor del Departamento de Comunicación Social de Uninorte.
