Los decretos emitidos recientemente por el presidente Gustavo Petro para atender la situación de La Guajira han generado rechazo en varios sectores, los cuales sostienen que estas medidas como otro golpe al bolsillo de los usuarios. Puntualmente se refieren al impuesto obligatorio que deberán asumir los estratos 4, 5 y 6, así como el sector industrial, en el servicio de energía.
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Ante esto, Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), señaló que este tipo de decisiones 'parecen difíciles de sustentar legal y técnicamente, y puede que no logren los objetivos de mejor servicio, confiabilidad y precios eficientes'.
La dirigente gremial expuso a EL HERALDO que varias razones por las que no serían viables estas medidas. Indicó que en La Guajira ya existe un régimen especial tarifario, por lo que conminó a ejercer primordialmente una vigilancia de su real cumplimento.
'Existen unas asignaciones de proyectos de generación y transmisión, que en lugar de ser flexibilizados debe buscarse su cumplimiento y que se logren lo más pronto posible. La expansión eficiente es lo que puede asegurar servicio y confiabilidad', manifestó.
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La directora de Asoenergía sostuvo, además, que aunque se busque una nueva financiación para el Fazni (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas) sería ideal que se lograra que la inversión ya aprobada en distribución eléctrica sea efectiva, que entren los proyectos a tiempo y de forma adecuada.
'Se requiere que la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos cumpla su labor de control en las inversiones y por tanto en los resultados en términos de calidad, eficiencia y expansión, que es lo que asegura la mejor tarifa y el mejor servicio', dijo.
También agregó que 'se requiere que la regulación sea apegada a la ley y que el Ministerio avance en las decisiones eficientes con los recursos de los diversos fondos para apoyar desarrollos sociales'.
'Hay otros mecanismos'
Como grave calificó el representante de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe, Norman Alarcón, el nuevo anuncio de los incrementos en las tarifas de energía.
Sostuvo que son conscientes de la problemática que sufren los habitantes de la península de La Guajira, pero cree que hay otros mecanismos que se deben emplear sin afectar al usuario como el control de la corrupción y la nueva exploración petrolera y gasífera en este departamento.
'El Gobierno nacional hace uso de los mismos mecanismos que hacían los gobiernos anteriores, que cuando se necesitan unos recursos les cargan más impuestos a los usuarios. Pese a que la carga es baja, al final es un tributo que le van a cobrar a la clase media, media alta y al sector industrial', dijo Norman Alarcón.
Agregó que: 'La Liga de Usuarios rechaza de manera contundente este nuevo régimen especial que se agrega al régimen existente que viene desde el gobierno del Duque solo para la región Caribe y que ha sido demandado por los alcaldes de toda la región ante el Consejo de Estado. Esperamos que el fallo sea favorable para los intereses de todos los costeños'.
