El presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas, advirtió este lunes en rueda de prensa que se abstiene de ceder la participación accionaria de la Triple A.
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El funcionario afirmó que se trata de un contrato que se dejó establecido desde 2021, 'y la SAE no hace parte de los procesos penales, porque se ha dicho que nuestra intención es devolverle la Triple A a los españoles, lo que es injusto: nuestra labor es administrarla como un bien público con la mayor transparencia'.
Agregó que se hizo un estudio jurídico y requirieron a la Superservicios 'el acompañamiento para tomar las mejores decisiones'.
En este sentido, dijo, 'el estudio de valoración de la empresa basado en los supuestos macroeconomicos del Banco de República, en un escenario conservador, arroja una valoración por $2,4 billones y como el 82 por ciento lo administra la SAE, podríamos decir que administramos una propiedad valorada en $1,9 billones, este contrato se suscribió en algo cercano a los $500 mil millones y allí encontramos una primera preocupación'.
Señaló que 'se contrató a la empresa Deloitte para la valoración del contrato, pero el 'disclaimer' (descargo de responsabilidad) que arroja nos deja dudas'.
{"titulo":"'Estamos tranquilos por la compra de la Triple A': alcalde Pumarejo","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/alcalde-jaime-pumarejo-estamos-recuperando-la-soberania-de-triple-966247"}
Por ello, concluyó Rojas, 'la Superintendencia nos ha sugerido una suspensión temporal del contrato hasta que la Contraloría, que nos ha citado el 14 de enero a las partes para esclarecer el documento, no tenga una decisión en firme, y como la SAE no puede suspender unilateralmente el contrato, nuestra decisión es la de abstenernos de ceder la participación accionaria hasta tanto no haya una declaración en firme de los órganos de control'.
Y puntualizó: 'Es nuestro deber evitar que se perfeccione un presunto detrimento al Frisco, que es el fondo que administra la SAE'.
A su vez, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, aseveró al respecto que 'la ley establece el mecanismo de la venta temprana como un mecanismo excepcional y esto puede encerrar desconocimiento del principio de transparencia'.
Con esta decisión, aseguró, 'no hay un riesgo inminente a la prestación del servicio, hemos observado que quien adquiere la SAE es Alumbrado Público, una empresa de economía mixta' que 'de acuerdo a los estudios financieros no estaba en capacidad financiera para pagar la mitad del contrato'.
'Y en el momento en que se venga el cobro del 50 por ciento podría traer consigo una inestabilidad financiera de la empresa', sostuvo.
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Rojas puso de presente que 'la empresa viene prestando el servicio con la composición accionaria que mantiene, nosotros nos abstenemos de cambiar la composición accionaria'.
'La valoración que hizo la empresa Deloitte con las salvedades del documento se acerca a los $700 mil u $800 mil millones', afirmó el presidente de la SAE.
Indicaron los funcionarios que ante el escenario de una controversia internacional con la empresa española Canal de Isabel II se ha articulado con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y 'en ese sentido no habría lugar a una controversia por la cesión de las acciones'.
Agregan que 'como no somos parte procesal no podemos participar en él, lo que reclama Canal Isabel es que no se realice la enajenación temprana hasta tanto el proceso no culmine'.
Así mismo, indican que el Código de Extinción de Dominio 'establece la posibilidad de procesos de enajenación temprana' y que 'lo que establece la norma es una reserva técnica del 30 por ciento en bienes y en sociedades del 50 por ciento sobre la venta (...) para indemnizar a la contraparte, pero la mayoría de casos de extinción de dominio sale favorable al Estado, (...) es decir no riñe con una posible medida cautelar'.
