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La empresa Electricaribe tuvo un revés en su intención de recuperar los dineros que adeudan los usuarios residentes en barrios subnormales por concepto de la prestación del servicio de energía eléctrica. El juez Quinto Civil del Circuito de Barranquilla revocó el mandamiento de pago ordenado el pasado 27 de julio contra el Distrito de Barranquilla.

En el documento de siete páginas, que contiene el fallo en mención, el juez también da por terminado el proceso y ordena archivar la actuación emprendida por la empresa de energía eléctrica.

Adicionalmente, condena a la demandante a pagar por los perjuicios que pudo haber ocasionado, que en este caso fue establecido en un 0,5% de la suma reclamada dentro del proceso; es decir, que le debe pagar al Distrito $225 millones por costos.

En su decisión, el juez señala que es evidente que el 'documento convenio' presentado por Electricaribe como constitutivo de título no tiene las características indispensables para convertirse en una obligación de parte del Distrito de Barranquilla, por lo que no se constituye en una prueba plena en su contra.

'En ninguna parte del convenio se encuentra establecido que el representante del suscriptor se obliga a pagar el servicio del barrio en caso de no cancelar, dado que sus obligaciones se concretaban en repartir las facturas, cobrar a los usuarios y lo recibido consignarlo a la comercializadora, que, en caso de no cumplirse adecuadamente, sería reemplazado por la hoy demandante', reza en uno de los apartes del fallo.

El juez también indica que la obligación solidaria del Distrito no puede ser el pago de los servicios consumidos en los barrios subnormales porque tal obligación 'no se encuentra contemplada en dicho acuerdo y mucho menos de manera clara, expresa y exigible'. Agrega que estas obligaciones (consumo del servicio) del suscriptor comunitario son 'derechos personales', por lo que solo son exigibles frente a cierta y determinada persona.

La empresa Electricaribe reclamaba el pago de unos $45 mil millones, que corresponderían al consumo de energía de los últimos tres años de 35 barrios subnormales de la ciudad.

El abogado de la empresa comercializadora de energía de la Costa Caribe, Luis Mola Insignares, también había dicho que la compañía presentó demandas contra Santa Marta por una deuda de $80.000 millones; Cartagena, $48.000 millones; Valledupar, $20.000 millones; Montería, $3.500 millones; Soledad, $42.000 millones; Sabanalarga, $3.000 millones, y Galapa, $1.500 millones. En el caso de Soledad, la pasada administración firmó un acuerdo de pago a través del cruce de cuentas con el impuesto de Industria y Comercio.

Puerto Colombia también estuvo en el listado de municipios con 'obligaciones pendientes' con Electricaribe por $1.200 millones; sin embargo, luego de los requerimientos de cobro prejurídico y la notificación del proceso ejecutivo, la Alcaldía procedió a pagar la deuda.

Reacciones. El senador Liberal Mauricio Gómez dijo que se hace justicia, aunque advirtió que hay que estar muy atento a lo que viene con este tema porque hay 'intereses oscuros' moviéndose detrás de esto.

'Es un primer round que se gana, no se ha ganado la batalla final y nosotros esperamos a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Ministerio de Minas del lado de Barranquilla y de la gente', manifestó Gómez.

Frente a las demandas presentadas contra otras ciudades de la Costa, Gómez dijo que la decisión de los jueces debe ir en la misma línea que el del Circuito de Barranquilla. 'Tiene que pasar los mismo. Los que debemos demandar a Electricaribe somos nosotros, los ciudadanos que hemos estado afectados por ellos durante tantos años. Ellos tienen que bajar la cabeza, empacar sus maletas e irse el primero de octubre y no volver más a Colombia', agregó el senador.

César Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical, celebro la decisión del Juzgado Quinto frente a la demanda de Electricaribe, porque se demuestra que la actuación de la empresa 'no era más que la demostración de una conducta malvada y perversa de esa empresa que pretendió constituir de forma por demás grosera, un título ejecutivo, violando la ley e incluso sus propias obligaciones'

Según Lorduy, quedó claro que no entregaron las facturas personalmente a quien recibió el servicio y a Barranquilla no se le allegó ninguna de las facturas para posibles reclamaciones de los servicios que se incorporan a dichas facturas, sino en cobro prejurídico; es decir, como hechos cumplidos de cobro.

El acuerdo o convenio del que se quiso hacer solidaria a Barranquilla habla que dichas facturas deben ser enviadas a los usuarios de los barrios mensualmente y no existe ninguna prueba que tal obligación se realizó y de manera oportuna, indicó el congresista

'Electricaribe ha demostrado su eficiencia solo en demandar y con esa estrategia cañar para obtener un pago e incluso un embargo para presionar lo anterior, pero totalmente ineficientes y malvados para argumentar, ya que como lo hemos expresado, tratan de cobrarle a Barranquilla unas facturas que no existen amparados en un convenio que no obliga a la ciudad', manifestó.

Martha Villalba, representante a la Cámara por el Partido de La U, aseguró que desde el momento en que se conoció la demanda de la empresa los congresistas manifestaron su inconformidad por considerar que no estaba ajustada a la realidad que se ha vivido con Electricaribe y el manejo que la empresa le ha dado a la prestación del servicio de energía.

'El accionar de sus representantes legales frente a los entes territoriales fue inoportuna y equivocada. Esta decisión debe ser no solo a favor de Barranquilla, debe ser también a favor de todos los municipios del Caribe donde ellos no prestaron un buen servicio y, además, nunca invirtieron un solo peso en mejorar las condiciones de la prestación del mismo', agregó.

Por su parte, el senador Conservador Efraín Cepeda celebró la decisión del juez tras considerar como temeraria la demanda presentada por Electricaribe.

El senador Cepeda reiteró que las deudas de los barrios subnormales son un problema entre particulares en los que los entes territoriales no son los responsables. 'La empresa debió tener diligencia al cobrar esos recursos, como lo tendrán que hacer los nuevos operadores; hablar de $45.000 millones es hablar de recursos con los que se pueden hacer microcréditos por cerca de $900.000 millones, si se llegara a inyectar ese monto al Fondo Nacional se Garantías', señaló.

Cepeda aseguró igualmente que Electricaribe fue negligente en la normalización eléctrica de los barrios subnormales.

Los congresistas esperan ahora que los resultados en los casos de Santa Marta, Cartagena, Valledupar y Montería también se resuelvan a favor de los entes territoriales.