La venta y comercialización de un proyecto urbanístico en Puerto Colombia agita el debate sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) que fue diseñado por la actual administración y aprobado por el Concejo Municipal.
En sus habitantes ha despertado interés, mientras que en las autoridades municipales diferencias de criterios por la zona donde se prevé el desarrollo de dicho proyecto.
La obra, que contempla torres de 20 pisos, 8 unidades y 160 apartamentos, se construiría frente al club Caujaral, a escasos metros del arroyo León.
La Veeduría Ciudadana de Puerto dice que las reformas hechas al PBOT dan vía libre a la expansión urbanística en zonas donde antes no se contemplaba por ser 'zonas protegidas'.
El Acuerdo Municipal, en su artículo 18, establece que 'las fajas de terreno ubicadas sobre la vía universitaria y la Vía al Mar, entre el brazo del arroyo León (…), se podrán incorporar al suelo de expansión urbana, cumpliendo con unas restricciones'.
Con este argumento la Alcaldía de Puerto solicitó una concertación ambiental a la CRA. En el documento la entidad declaró esta zona como un terreno 'con susceptibilidad de amenaza alta por inundaciones' y advirtió que para construir en el sector se tendrá que 'generar un modelo de elevación del terreno'; es decir, rellenar hasta nivelarlo con la carretera.
El documento de evaluación, que fue remitido al secretario de Desarrollo Territorial de Puerto, es un requisito indispensable para diseñar el plan parcial de la zona, que permite finalmente a la constructora tramitar la licencia para el proyecto de expansión urbanística.
Por esto la veeduría abre el interrogante: ¿Por qué construir en un espacio que amortigua la inundación del arroyo en temporada de lluvias?
Frente a la inquietud, el secretario de Desarrollo Territorial, Gilberto Sarmiento, dijo que 'está en trámite un plan parcial, basado en el PBOT que permite allí la extensión urbana'. Agregó que antes se debe cumplir una serie de requisitos para que se pueda otorgar la licencia de construcción.
Entre tanto, el alcalde Steimer Mantilla señaló que este proyecto no está viabilizado por su administración y que no podría ser aprobado, porque 'no cumple con las exigencias para su construcción'.
Según Mantilla, el único facultado para firmar un plan parcial es el alcalde, y 'yo no lo he firmado'. Aseguró que en la Alcaldía 'no se ha tramitado' ningún tipo de documento, y que le habían advertido que no firmara, porque incluso otras personas sabían que la solicitud llegaría y no se ajustaba a la norma.
Ante las posibles afectaciones ambientales que surgirían con este tipo de construcciones, la secretaria de Medio Ambiente, Nubia Merlano, manifestó que se deben evaluar las condiciones ambientales, porque es una zona de riesgo.
'Es un predio que está entre los dos brazos del arroyo, en una zona de uso sostenible de la cuenca de Mallorquín'.
La demanda. En medio de las críticas por la posible vulneración de las normas urbanísticas y ambientales, el Acuerdo del PBOT fue demandado.
El Tribunal Administrativo del Atlántico en una sentencia del 7 de diciembre de 2017 declaró inválida la revisión excepcional de la norma urbanística, por no cumplir con las socializaciones y no realizar los estudios previos, entre otras consideraciones.
A pesar de esto, el 13 del mismo mes el alcalde Mantilla sancionó la norma urbanística por medio del decreto 013 de 2017.
Paralelamente, la Fiscalía abrió una investigación tras una denuncia interpuesta por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proceso de revisión ordinaria del PBOT.
De hecho este año, el ente investigador ha inspeccionado la Alcaldía en busca de documentos relacionados con los planes parciales.
En la denuncia, se advirtió que el estudio previo fue contratado con fecha posterior a la aprobación del Acuerdo del PBOT y por la Secretaría Jurídica. Una fuente vinculada a la investigación le dijo a EL HERALDO que los estudios se deben realizan a través de las secretarías de Planeación de los entes territoriales.
El exalcalde Carlos Altahona, quien enfrenta un proceso penal por delitos sexuales, fue 'el encargado de dar inicio al contrato para la revisión general del PBOT'. (Ver nota adjunta)
El abogado demandante del PBOT, Óscar Hernández Rugeles, aseguró que Carlos Altahona 'sería el cerebro de las modificaciones del PBOT y los cambios de uso de suelo', teniendo en cuenta las declaraciones de testigos a la Fiscalía y la información hallada en los computadores que tenía en su casa al momento de su captura.
Las explicaciones de la Alcaldía
Entre contradicciones y objeciones han sorteado las diferencias de conceptos, el alcalde Steimer Mantilla y el secretario de Desarrollo Territorial, Gilberto Sarmiento, por el PBOT y el uso de suelo en el terreno ubicado a un brazo del arroyo León, donde se prevé una construcción.
En una primera entrevista con EL HERALDO el alcalde fue enfático y dijo que en la zona aledaña al arroyo León no se podía construir y que no conocía ningún tipo de solicitud sobre la obra prevista en ese terreno. Sin embargo, el secretario de Desarrollo Territorial explicaba que sí era posible y que a su oficina había llegado la solicitud de un plan parcial, pero que no se había hecho ningún trámite para otorgarlo.
En un nuevo diálogo, EL HERALDO quiso conocer una nueva respuesta de Mantilla y este insistió en que no autorizaba que se realizara el proyecto. En el mismo lugar fue interrumpido por Sarmiento y este le dijo que definitivamente no podría negarse, porque el PBOT sí permitía hacer uso del suelo en este sitio y construir torres de 20 pisos.
Ante la situación el mandatario guardó silencio y pidió que se tuviera en cuenta la explicación del secretario.
Desfalco que se destapó con caída de Altahona
Justo cuando alistaba maletas para embarcarse en una nueva aventura política, después de haber probado las mieles del poder entre 2012 y 2015 en la Alcaldía de Puerto Colombia, Carlos Altahona Arraut cayó en la mira de la Fiscalía General de la Nación.
En los últimos 7 años, indican investigaciones, Altahona Arraut habría creado cerca de 30 entidades sin ánimo de lucro que suscribieron convenios con la Alcaldía de Puerto Colombia por valor superior a los $50 mil millones, que habrían ido a parar a los bolsillos del exmandatario, según denuncias hechas por veedurías del municipio.
Durante el allanamiento realizado en la residencia del exmandatario el pasado 9 de marzo, los uniformados hallaron dos maletines en cuyo interior estaban guardados $100 millones en efectivo.
Entre las fundaciones que aparecen con costosos convenios suscritos con la Administración municipal se encuentran: Fundación Cultural Michelangelo por valor de $1.035.729.520; Fundación Amor por ti-Oportunidad para todos, por valor de $807.982.350; Fundación amor por nuestro caribe por $608.961.663; Fundación artística cultural sinfónica porteña por $603.494.140 y la Corporación Educativa Atlántico por $413.936.000, entre otras.
