El Heraldo
Atlántico

El largo camino para la adjudicación de la APP del Dique

En reiteradas oportunidades, los entes de control realizaron cuestionamientos al proceso. Socializaciones conllevó a una suspensión de dos meses de la licitación.

Con la adjudicación a la firma Sacyr de la APP del Canal del Dique, este miércoles se cerró un extenso capítulo plagado de reclamaciones y cuestionamientos con relación a uno de los “proyectos más ambiciosos” a desarrollar en el territorio nacional.

De acuerdo con las autoridades y las comunidades, este megaproyecto ambiental es una “deuda histórica” que data de hace más de 50 años para poder de aliviar los problemas de sedimentación y riesgos de inundación en una extensa región del Caribe colombiano.

El impasse más reciente que superó fue la suspensión, por cerca de dos meses, debido a una tutela interpuesta por el Consejo Comunitario de Hatoviejo (Bolívar) que desató un conflicto de competencias entre dos juzgados.

Al final, el proceso pudo reiniciarse tras un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Transporte y las comunidades étnicas para adelantar las correspondientes socializaciones de la megaobra.

Es de anotar, además, que el actual Gobierno indicó que será necesario que el proyecto cuente con licencia ambiental para su desarrollo, a pesar de que en el pliego inicial no se contemplaba este instrumento.

Según conocedores, dicho trámite podría extenderse por un periodo de 9 meses ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

En el cierre del periodo de Iván Duque como presidente de la República, Diana Cardona presentó su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta de Estructuración debido a la “orden” de continuar con la adjudicación. Empero, el proceso fue suspendido hasta la llegada del nuevo mandatario de los colombianos.

Cuestionamientos de entes

En reiteradas oportunidades, la Procuraduría, la Contraloría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hicieron cuestionamientos sobre los alcances del proyecto.

Por ejemplo, la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura alertó de posibles riesgos evidenciados en el informe de evaluación preliminar. De acuerdo con el ente, la información suministrada por el proponente no cumple con las condiciones establecidas en la ley y el pliego definitivo de condiciones para este proceso de adjudicación.

Además, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Transporte que realice los trámites para la constitución de una mesa interinstitucional de articulación por el proyecto de APP del Canal del Dique.

Este estamento fue establecido entre las medidas cautelares dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debido a la protección de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en este cuerpo de agua.

El objetivo de dicho espacio es la elaboración –en un plazo “máximo e improrrogable” de seis meses contados a partir de la notificación del auto– de un documento con los lineamientos que permita adoptar los protocolos de salvaguardia y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado.

De esta manera, según la JEP, se permitirá garantizar “su búsqueda, identificación y entrega digna en futuras obras o proyectos”.

Dicha herramienta también debe contar con un mecanismo de evaluación de los impactos sociales y ambientales que incluya en su elaboración la participación de las comunidades interesadas respecto del proyecto: “Una vez constituida la referida mesa, su Secretaría Técnica deberá remitir informe dando cuenta de tal constitución, lo cual deberá ocurrir en los 15 días siguientes a la notificación del auto”.

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