“Paraliza la inversión” “Le propuse a la Bancada Caribe que sostuviéramos una pronta reunión para hablar del tema de la energía eléctrica, los viaductos Ciénaga-Barranquilla, a los que les conseguimos recursos por $750 mil millones, una obra adjudicada en el gobierno anterior a la que la Anla no le ha dado aún la licencia. Tampoco a las del Canal del Dique. En la Anla no pasa nada, pero sí paralizan la inversión y el desarrollo de obras ambientales. Estamos en un mundo al revés y no sé si es por falta de capacidad o porque son obtusos”, contó Cepeda en diálogo con EL HERALDO. El congresista indicó que de no construirse los viaductos, no se puede hacer la doble calzada en la vía Ciénaga-Barranquilla. “Es un despropósito que hayan invertido casi un billón de pesos en el nuevo puente Pumarejo de seis carriles, que hoy cuando llega uno a la vía es un embudo”, apuntó. “El radicalismo ambiental del Gobierno está siendo uno de los más graves problemas para el desarrollo del país y se nota con más fuerza en el Caribe. La APP del Canal del Dique y la Vía Ciénaga-Barranquilla son las más dolorosas evidencias. Entre otras cosas, porque no son claros en lo que exigen. El nivel de confusión es tal, que ni la misma Anla sabe qué le quiere pedir a los proyectos en temas ambientales”, expuso. Insistió en que se debe dar una discusión en torno a este tema de licencias ambientales y consultas previas para “destrabar” varios de los proyectos de la región y el país. “Es difícil que se logren sacar los proyectos adelante ante esta incompetencia y falta de conocimiento que incentivan a la comunidad también a establecer unas socializaciones eternas que imposibilitan los inicios. Adicionalmente, insisten en llegar a estirar los plazos lo más que se puedan y eso perjudica cualquier proyecto. Aquí lo que hay detrás es una intención de bloquear los proyectos y el desarrollo”, apuntó. “Cabe resaltar que en el gobierno actual se han entregado una gran cantidad de licencias en un período relativamente corto en comparación con el gobierno anterior. De las 40 licencias entregadas desde que se habilitaron estos proyectos, 19 han sido entregadas en el actual gobierno, lo que indica un ritmo acelerado en la tramitación”, expuso. Precisó que uno de los principales problemas que afecta el avance de proyectos es la falta de información clara y organizada sobre el impacto ambiental, así como los requisitos “complicados” que deben cumplir las empresas. “Pienso que simplificar los estudios necesarios y ofrecer apoyo y capacitación a las empresas para que entiendan mejor los procedimientos podrían acelerar el proceso y facilitar la ejecución de proyectos clave”, apuntó. Articulación interinstitucional “Para algunos desarrolladores y territorios, las exigencias exceden las capacidades, por lo que se inviabilizan las inversiones en el territorio y por ende se limitan las oportunidades de empleo y de ingresos para las regiones”, anotó. La agremiación sostuvo que parte del problema por lo que estos proyectos energéticos en la mayoría no avancen radica en la falta de capacidades y de articulación interinstitucional, ausencia de protocolos y reglas claras para las consultas previas, requerimientos excesivos y falta de acompañamiento por parte del Estado para el desarrollo de los mismos. “Uno de los principales cuellos de botella está asociado a las competencias otorgadas a las autoridades ambientales regionales por su carácter de autónomas. Las actuaciones no están estandarizadas, falta uniformidad de criterios en la evaluación de trámites ambientales, junto con el incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos”, agregó la Andeg. Estado de los proyectos “Nosotros estamos elaborando los términos de referencia y están en fase de revisión. Aún no se puede solicitar la licencia hasta que surta este paso”, argumentó. “Estamos revisando cuidadosamente para que ningún componente nos quede por fuera y pueda avanzarse ya en la elaboración del estudio de impacto ambiental. Apenas entreguemos los términos de referencia, el concesionario tendrá el tiempo que estime para elaborar el estudio con todos los componentes que se requieren y tan pronto tenga lista la solicitud de licencia, ya la radicarán ante la Anla y nosotros dentro del término legal, es decir, en 90 días nos pronunciaremos”, mencionó en ese entonces. Precisó, además, que a la fecha se han otorgado 43 licencias ambientales, de las cuales, 22 han sido entregadas en este periodo de gobierno, fundamentalmente para proyectos eólicos, solares y las líneas de transmisión. “Es de anotar que 21 de esas licencias fueron otorgadas desde 2018 hasta agosto de 2022”, dijo. En el caso de los viaductos Ciénaga-Barranquilla, la Anla manifestó que este proyecto está suspendido por “fuerza mayor”. Indicó que mediante Auto 2808 de 2024 se concede una prórroga de 10 meses para realizar un estudio necesario para un pronunciamiento de la autoridad ambiental. “La Anla es una entidad que es muy eficiente, la tasa de respuesta en los tiempos descritos de acuerdo con el decreto 1076 de 2015, es de un 98 %, lo que no se resuelve a tiempo es por demora de la radicación de información adicional, cuando la pide la Anla, por parte del solicitante de una licencia, suspensión por fallos judiciales o por problemas de orden público”, declaró. “Lo ideal es que el licenciamiento no sea una piedra en el zapato” Sin embargo, sostuvo que una licencia ambiental bien gestionada puede asegurar que un proyecto se realice de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente, además de demostrar un compromiso ambiental e incidir en la reputación del proyecto. “Lo ideal es que el licenciamiento ambiental no sea una piedra en el zapato, si se hace bien, puede ser muy beneficioso”, dijo. Precisó que el no avance de los proyectos puede deberse a factores administrativos, técnicos, sociales y económicos. Señaló que los procesos de licenciamiento ambiental a menudo son muy complejos y requieren de múltiples etapas, por lo que pueden generarse demoras. “A veces las autoridades ambientales carecen de personal y recursos técnicos suficientes para procesar las solicitudes de manera eficiente, otras veces la necesidad de coordinarse con múltiples agencias y niveles de gobierno puede causar retrasos, especialmente si no hay una clara asignación de responsabilidades y en algunos casos los proyectos enfrentan requisitos redundantes o contradictorios de diferentes agencias”, argumentó. Expuso que los estudios de impacto ambiental mal elaborados o incompletos también pueden prolongar el proceso de aprobación de la licencia, así como la oposición de las comunidades locales y las partes interesadas pueden extender el tiempo de las audiencias públicas y el proyecto en sí mismo. “Algo suele suceder desde la política y está asociado a los cambios en las prioridades políticas y económica según el gobierno de turno, ya que esto puede influir en la rapidez con que se procesan las licencias o directamente al no otorgamiento porque no está dentro de lo que el gobierno busca o el enfoque que se tiene”, puntualizó Rangel.