Asamblea aprueba política pública para la población LGBTI

Durante la clausura del periodo de sesiones extraordinarias, los diputados también aprobaron el proyecto que entrega facultades al gobernador para que adicione, reduzca, incorpore y haga traslados que ajusten el presupuesto de rentas.

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Sesión de la Asamblea del Atlántico realizada este sábado. Cortesía
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Durante la clausura del periodo de sesiones extraordinarias, los diputados también aprobaron el proyecto que entrega facultades al gobernador para que adicione, reduzca, incorpore y haga traslados que ajusten el presupuesto de rentas.

Dos proyectos de ordenanza pasaron a sanción del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, tras ser aprobados por los diputados durante el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental.

Los proyectos, que fueron aprobados por la Duma, son la adopción de la política pública para la garantía del goce pleno de los derechos de la población LGBTI y sobre entidades de género y orientaciones sexuales en el departamento del Atlántico.

La otra iniciativa entrega facultades al gobernador Verano, hasta el 31 de diciembre de 2019, para realizar adiciones, crear partidas, reducciones, incorporaciones y traslados que ajusten el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del departamento.

La diputada Karina Llanos, ponente del proyecto que promueve la política pública para la comunidad LGBTI, señaló que este grupo representa el 10 % de la población en el departamento del Atlántico y lo que se ha hecho es garantizar el derecho de las minorías.

“Hemos considerado que esta política pública estaba en mora, por eso dimos ponencia favorable (…) Hay que tener en cuenta que esto se hizo con base en principios constitucionales y legales como la solidaridad, la inclusión y el respeto, entonces dentro del desarrollo de esta iniciativa lo que hacemos es reivindicar los derechos de esta población, también cuenta con el desarrollo de educación para el respeto e inclusión en temas laborales”, explicó la diputada.

Durante el discurso de clausura, el secretario Jurídico de la Gobernación, Rachid Náder Orfale, aseguró que lo que se pretende con esta política pública no es imponer una ideología de género, sino garantizar los derechos a este grupo poblacional.

“En virtud del derecho fundamental a la libertad, el cual involucra la libertad sexual, no sean sujetos de discriminación por parte de las autoridades al momento de darse las distintas actuaciones y prestarse los servicios públicos a la población en general. En ese orden de ideas, lo que se pretende es prohibir cualquier tipo de discriminación por su orientación sexual”, dijo el funcionario.

De otra parte, el secretario Jurídico destacó el trabajo que ha realizado la Asamblea durante los días que duraron las sesiones extraordinarias.

El tercer vicepresidente de la Asamblea, Jorge Rangel Bello, aseguró que durante estos 12 días se sometieron a un estudio riguroso los cinco proyectos que presentó el Gobernador. Solo dos alcanzaron los debates correspondientes y los otros quedaron en estudio en las distintas comisiones.

Los otros tres proyectos presentados por el Gobernador, y que quedaron en estudio de comisiones, son la Adopción del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial del departamento del Atlántico, la institucionalización de las casas refugio en el departamento del Atlántico en el marco de la ley 1257 de 2008 y demás normas reglamentarias.

Por último, la autorización al Gobernador del departamento del Atlántico para transferir a título de donación un inmueble en Suan, de propiedad del departamento, a favor del Ejército Nacional con destino al funcionamiento de una Base Militar.

Atlántico, cuarto departamento en aprobar la política

El colectivo Caribe Afirmativo se mostró satisfecho con la decisión de la Asamblea del Atlántico, el cuarto departamento  en tener un instrumento de atención efectiva a la garantía de los derechos de las personas LGBT.

De acuerdo con Caribe Afirmativo, el primero en incursionar en ese ejercicio fue Bolívar, aprobando en 2015 su política pública LGBT; seguido por el departamento de San Andrés en 2016 y el departamento del Magdalena en 2017; además de ello, municipios como Maicao (La Guajira), que fue el primero en la región, Galapa (Atlántico) y el Distrito de Santa Marta, también cuentan con este insumo que busca ofrecer de parte de los gobiernos territoriales acciones concretas con planes, programas y acciones identificadas a partir de una línea de base que mide la situación real de los derechos de las personas LGBT.

“La política pública parte de reconocer los atributos constitucionales del derecho a la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad y recuerda las decenas de sentencias de la Corte Constitucional que invitan al Estado a garantizar los derechos de las personas LGBT”, señala Caribe Afirmativo a través de un comunicado.

El colectivo indica asimismo que la política pública garantizar el fortalecimiento de las organizaciones LGBT para el ejercicio de sus derechos, promover entre ellas y ellos el control ciudadano y estudiar a la posibilidad de crear una oficina que dependa de la Secretaría del Interior que se encargue de atender las necesidades de las personas LGBT.

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