Las conexiones ilegales de agua son una problemática que, en los últimos años, se ha tornado crítica en el Atlántico, especialmente por parte de las fincas destinadas a la ganadería y cultivos. Es por esto que la Gobernación del Atlántico ha intensificado los operativos contra el robo de agua.
Las intervenciones se han concentrado especialmente en la zona rural del cono sur, en municipios como Manatí, donde durante un reciente recorrido técnico y operativo se detectaron 33 conexiones ilegales en fincas.
“Hace un año, cuando hicimos un operativo para desconectar irregularidades, encontramos que había siete en 14 kilómetros; esta vez nos encontramos 33. No es posible que cada vez sea más alto el robo de agua para un uso que no está permitido”, expresó Lady Johana Ospina, secretaria de Agua Potable del Atlántico.
Conexión ilegal de finqueros
La administración departamental, en conjunto con la Policía, encontró que, principalmente los finqueros, se están conectando a la red de acueducto.
Estas 33 conexiones corresponden a predios privados de finqueros y grandes terratenientes, quienes hacen una “conexión irregular al tubo para hurtar el agua que va para el acueducto, que va para atender a la gente”, explicó la funcionaria.
Asimismo, enfatizó que el servicio del agua no está autorizado para utilizarse en las actividades agropecuarias.
“Recordemos que las concesiones otorgadas sobre los acueductos por parte de la autoridad ambiental corresponden a uso doméstico, es decir, servicio de acueducto; no para actividades agrícolas, ni industriales, ni para criar animales, ni para llenar jagüeyes o piscinas. Ese es un uso prohibido para esa agua, que proviene de una fuente autorizada por una corporación”, manifestó Ospina.
Medidas de la Gobernación
Los operativos también se han extendido a otros municipios como Polonuevo, Sabanagrande y Luruaco, donde las autoridades vienen realizando inspecciones contra fraudes y conexiones irregulares, de manera conjunta con la Policía del Atlántico y la empresa operadora del servicio de acueducto Aqualia.
Sumado a esto, la Gobernación del Atlántico adelanta denuncias ante las autoridades competentes para que investiguen los hechos. Por otra parte, también buscan fortalecer los mecanismos de inspección y promover campañas de sensibilización para que la comunidad comprenda la gravedad de estas prácticas.
El impacto de estos robos
Finalmente, la secretaria de Agua advirtió sobre el impacto estructural de este delito en el sistema de abastecimiento.
“El robo de agua en estas zonas asciende a cerca de 1.500 metros cúbicos por día, generando pérdidas estimadas en 2.000 millones de pesos y afectando directamente a más de 40.000 habitantes. Estas conexiones ilegales deterioran la presión del servicio, comprometen la calidad del agua y limitan la capacidad de respuesta ante emergencias”, explicó.
Indicó que el hurto de agua no solo representa pérdidas económicas significativas, sino que también provoca desabastecimiento, baja presión en las redes, afectaciones sanitarias y deterioro de la infraestructura, impactando de manera directa la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.
