Durante una rueda de prensa, el apóstol Jorge Freyle cuestionó las actuaciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y aseguró que el caso aún se encuentra en discusión jurídica.
Freyle sostuvo que la iglesia no se opone al orden legal, pero sí exige que el proceso se adelante con respeto al debido proceso, la libertad religiosa y la permanencia de una comunidad que, según indicó, ha estado en el lugar durante décadas desarrollando labores sociales y espirituales.
En ese sentido, afirmó que la versión según la cual la iglesia estaría en mora y ocupando el inmueble de forma irregular “no es una verdad definitiva”. Al tiempo, señaló que existen precedentes judiciales que, a su juicio, obligan a que cualquier eventual desalojo se tramite por las vías legales correspondientes.
“Nosotros no estamos en contra de la ley, estamos pidiendo que se actúe con legalidad, con respeto al debido proceso y a la libertad religiosa. Esta no es solo una discusión sobre un inmueble, aquí hay una comunidad que ha trabajado durante años”, expresó Freyle durante su intervención.
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Asimismo, solicitó el acompañamiento de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, con el fin de garantizar que las actuaciones se realicen dentro del marco constitucional y con respeto por los derechos fundamentales.
Como parte de las acciones anunciadas, las organizaciones religiosas convocaron a un plantón pacífico y jornada de oración el próximo 18 de abril en el inmueble objeto de la controversia, con el propósito de visibilizar su situación y pedir soluciones en medio del conflicto.
Freyle insistió en que la iglesia no solo representa un espacio físico, sino una comunidad que, según explicó, ha desarrollado durante años labores de apoyo social, acompañamiento espiritual y trabajo con poblaciones vulnerables.
“Es un proceso legal”
Frente a las declaraciones de las organizaciones religiosas, la empresa Activos por Colombia –que lidera la subasta– indicó que el proceso hace parte de una estrategia de recuperación jurídica y financiera del inmueble donde operó Titos Bolos.
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Según la entidad, el predio cuenta con más de 5.000 metros cuadrados construidos y está distribuido en varios locales comerciales, algunos de los cuales han sido objeto de procesos de restitución. También precisó que no existe un contrato de comodato vigente, sino contratos de arrendamiento suscritos en años anteriores, los cuales se encuentran en mora desde marzo de 2020.
En ese sentido, señaló que actualmente cursan procesos judiciales para el cobro de cánones adeudados y la recuperación total del inmueble, en el marco de las actuaciones legales correspondientes.
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Abraham Katime, gerente de la entidad, aseguró que el activo presenta contratos en mora desde hace varios años, lo que ha obligado a avanzar en su recuperación. Además, recalcó que la subasta busca poner el inmueble en el mercado bajo condiciones claras y atraer inversionistas.
En ese sentido, reiteró que este proceso se viene desarrollando con apego a la normatividad vigente, garantizando transparencia, acceso abierto y acompañamiento institucional durante todas sus etapas.
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