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Hay preocupación entre el sector educativo en el país debido a las implicaciones del decreto 0173 del 26 de febrero de 2026, que estableció el impuesto al patrimonio para distintos sectores, incluyendo a las universidades privadas.

De acuerdo con lo establecido en los decretos de emergencia económica, las instituciones de educación superior privadas quedan obligadas al impuesto al patrimonio cuando su patrimonio líquido sea igual o superior a 20.000 UVT , que corresponde a $10.474 millones de pesos para 2026.

Este miércoles primero de abril vence el plazo para hacer el primer pago, por lo que la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) alertó por los impactos que dicha medida tendría para el sector.

Desde el gremio se enfatizó que el patrimonio de las IES está comprometido con fines académicos y sociales, no con generación de utilidades. A renglón seguido se explicó que el patrimonio de estas entidades está compuesto en gran parte por activos no líquidos como campus, laboratorios, bibliotecas, clínicas y hospitales universitarios.

Además, se expuso que el pago del impuesto puede generar tensiones de liquidez y desviar recursos que normalmente se destinan a infraestructura, investigación, becas, transformación digital y calidad educativa”, alertó el gremio que representa las principales Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas del país.

“Este no es un análisis filosófico sino un razonamiento estructural sobre la sostenibilidad del sistema de educación superior en Colombia. Las IES públicas y privadas cumplen una misión estratégica en la formación de talento humano, la generación de conocimiento y la competitividad del país”, recalcó Lorenzo Portocarrero Sierra, director Ejecutivo de ACIET.

Por tal motivo, han hecho un llamado al Gobierno nacional para establecer un espacio de “diálogo técnico y constructivo” frente a las implicaciones de dicha medida.

Proponen realizar una mesa técnica

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se realice una mesa técnica para evaluar la iniciativa de poner una mayor carga impositiva a las universidades privadas y su impacto al aporte que estas hacen al sistema educativo.

Dicho encuentro ha sido propuesto para realizarse en la semana comprendida entre el 6 y 10 de abril para “armonizar la aplicación de estas medidas con las dinámicas del sector educativo, en coherencia con las políticas del Gobierno”.