Lejos de resolverse, el caso del exvicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González, se ha convertido en una confrontación abierta en la Universidad del Atlántico. Lo que inició como una orden clara de reintegro actualmente está rodeado de acusaciones de dilación, posibles faltas disciplinarias y hasta señalamientos de conducta penal.
El abogado Elvis Pozuelo, a cargo de la defensa de los derechos de González, aseguró que la universidad no solo ha incumplido el fallo de tutela emitido en segunda instancia, sino que ha desplegado una serie de maniobras para evitar ejecutarlo.
Cabe recordar que la decisión judicial contempla el reintegro del directivo tras amparar derechos fundamentales como el trabajo, el debido proceso, el mínimo vital, la estabilidad laboral.
La defensa también afirmó que, tras la notificación del fallo, se activó una serie de actuaciones que califican como “sospechosas”. Una de ellas involucra al actual vicerrector de Bienestar Universitario, Wilson Quimbayo, quien ocupa el cargo que según la tutela debería ser restituido a González, y contaría con un “fuero especial”.
En ese sentido, agregó que si el cargo está ocupado, la solución es remover a quien lo ocupa, dado que se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, la universidad ha optado por otro camino.
En ese punto agregó que a González le han solicitado requisitos para otros cargos que no corresponden a su perfil y se han intentado gestiones ante el Consejo Superior para modificar funciones o crear nuevas posiciones.
En paralelo, la defensa ha presentado un incidente de desacato y una queja disciplinaria contra el rector Rafael Castillo, advirtiendo que su conducta podría encajar en faltas en delitos como fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión.
“Estamos ante una posible responsabilidad por no cumplir una orden de tutela. Esto no solo vulnera derechos fundamentales, también erosiona la confianza en la justicia y en la función pública”, señaló el abogado.
Además, insistió en que el caso tiene un componente humano que ha sido ignorado. González padece una condición cardíaca compleja, lo que —según su defensa— agrava la situación al prolongar la incertidumbre sobre su estabilidad laboral y económica.
Directivas responden
Mientras tanto, el rector Rafael Castillo ha defendido su actuación públicamente. A través de sus redes sociales aseguró que se ha presentado ante el Consejo Superior una propuesta para crear un nuevo cargo que permita cumplir el fallo de tutela.
A principios de esta semana se cumplió una sesión extraordinaria del Consejo Superior, en la cual se analizó la situación.
“El Consejo Superior es respetuoso de los fallos judiciales y en tal orden considera que deben cumplirse; prueba de ello es que debatí por más de tres horas sobre la convocatoria efectuada por el señor rector; no obstante, el Consejo solo puede aprobar decisiones que estén sólidamente soportadas técnica, jurídica y financieramente a fin de no generar nuevos inconvenientes legales”, dijo el gobernador Eduardo Verano en su momento.
Frente a la nueva propuesta del rector Castillo, hasta el cierre de esta edición no se han conocido detalles del análisis hecho en la sesión del Consejo Superior que se adelantó este jueves.
