La Gobernación del Atlántico anunció una ofensiva frontal contra el juego ilegal, una actividad que afecta directamente los recursos destinados al sistema de salud del departamento. Como parte de esta estrategia, fue instalado el primer Comité Departamental contra el Juego Ilegal de 2026, un espacio de coordinación interinstitucional que busca fortalecer las acciones contra estas prácticas ilícitas y proteger las rentas que financian la atención médica de los atlanticenses.
En la reunión participaron representantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Departamento de Policía Atlántico, la Sijín, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría del Interior, Edusuerte y la Red de Servicios de Occidente, entidad concesionaria del monopolio de juegos de suerte y azar en el departamento. Durante el encuentro se definieron medidas para intensificar los operativos, robustecer los procesos judiciales y atacar los principales focos de juego ilegal en municipios como Barranquilla, Malambo, Sabanalarga, Soledad y Baranoa.
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El asesor de despacho de la Gobernación del Atlántico, Armando de la Hoz, destacó que el trabajo articulado permitirá obtener resultados más contundentes en la lucha contra este delito. Señaló que cada apuesta realizada por fuera de la legalidad representa recursos que dejan de llegar al sistema de salud, afectando la atención de miles de ciudadanos.
Desde la administración departamental se insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar que los recursos provenientes de los juegos autorizados contribuyan a mejorar la infraestructura hospitalaria y la prestación de los servicios médicos. Según indicaron, estas acciones también buscan brindar mayor tranquilidad y seguridad a la población.
Las autoridades advirtieron que el juego ilegal genera un fuerte detrimento a las finanzas públicas destinadas a la salud, especialmente en la atención de la población más vulnerable. De acuerdo con Edusuerte, cerca de 1,6 millones de personas en el Atlántico pertenecen al régimen subsidiado y dependen, en parte, de los recursos provenientes de este sector. Solo en 2025, estos aportes alcanzaron aproximadamente 15.000 millones de pesos.
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Durante la sesión también se alertó sobre la existencia de más de 3.000 procesos judiciales relacionados con el juego ilegal, varios de los cuales podrían prescribir. Por ello, se planteó la necesidad de fortalecer el equipo de la Fiscalía para agilizar las investigaciones y evitar la impunidad.
Las autoridades también señalaron que el juego ilegal no solo impacta las finanzas del departamento, sino que además estaría vinculado con otras economías criminales como la extorsión, el microtráfico y la compra ilegal de armas. Entre las modalidades detectadas figuran el chance ilegal, apuestas deportivas clandestinas, casinos no autorizados y plataformas digitales que operan a través de aplicaciones de mensajería.
Como resultado del comité, las entidades acordaron intensificar los operativos y allanamientos, fortalecer el trabajo conjunto con la Fiscalía, focalizar acciones en los municipios con mayor incidencia, vincular a las alcaldías a la estrategia y avanzar en estudios técnicos que permitan medir el impacto económico real de estas actividades ilegales.
La Gobernación del Atlántico reiteró que continuará liderando estas acciones institucionales para proteger los recursos públicos y garantizar su destinación al sector salud. Asimismo, anunció que en las próximas semanas se realizará un nuevo comité para evaluar los resultados y definir nuevas acciones operativas en el territorio.
