Tras la expedición del Decreto 0173 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional establece un impuesto al patrimonio para las personas jurídicas en el marco de la emergencia económica, la Asociación de Universidades de Colombia manifestó su preocupación por la inclusión de las instituciones de educación superior privadas dentro del alcance de esta medida.
Según la organización, cualquier medida que afecte su sostenibilidad debe evaluarse con una mirada sistémica y de largo plazo.
“Gravar el patrimonio de las universidades sin ánimo de lucro significa, en la práctica, reducir recursos destinados a becas, permanencia estudiantil e investigación, afectando directamente las oportunidades educativas de miles de jóvenes en el país, así como a la innovación y la generación de conocimiento”, indicó.
Puso de presente que: “el sector se vería impactado por de cerca $135 mil millones que deberán asumir las instituciones sin ánimo de lucro y sus efectos en la sostenibilidad del sistema de educación superior. Con estos recursos, se podrían cubrir cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas dirigidas a los estudiantes de menores ingresos”.
Entre otras afectaciones que reportó la Ascun se encuentra la estabilidad financiera de la instituciones para garantizar programas de becas y subsidios internos.
“El patrimonio y la gestión responsable que tienen las IES sin ánimo de lucro permite sostener y garantizar su calidad, además de programas de becas, subsidios internos, alivios financieros y fondos de permanencia estudiantil, o de investigación, entre otros. Reducir esta capacidad puede afectar directamente el cumplimiento de su objeto social afectando a miles de estudiantes, docentes y comunidades”, comentó.
Expuso, además, que: “el recaudo proyectado de esta imposición tributaria es cercano a los $135 mil millones, que equivale a lo que serían entre 14.000 y 15.000 matrículas. De esta manera, se estima que entre 75 y 80 instituciones de educación superior privadas superan el umbral de 200.000 UVT fijado por el Decreto y se verían afectadas”.
La Ascun fue enfática en que este nuevo tributo hacia el Gobierno también recae sobre activos como laboratorios, bibliotecas y hospitales universitarios.
“Estas son áreas que no representan dinero en efectivo, sino herramientas de formación. La posibilidad de mantener patrimonios institucionales sólidos ha sido una condición clave para sostener proyectos de investigación, innovación y desarrollo científico de largo plazo”, dijo.
Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno nacional para establecer diálogos que permitan encontrar soluciones.
“Nuestro llamado es a promover un diálogo institucional que permita evaluar los efectos de esta medida y encontrar alternativas que no comprometan el acceso de miles de estudiantes a la educación superior ni la estabilidad de un sistema que resulta estratégico para el país. Colombia necesita un sistema de educación superior fuerte, mixto, sostenible y con visión de largo plazo, indicó.
