La salida de Nelson Javier Vásquez Torres como agente especial interventor de la empresa Air-e volvió a encender las alarmas sobre la frágil situación del servicio eléctrico en la región Caribe. Según se conoció, Vásquez presentó su renuncia durante la semana y esta fue aceptada el fin de semana por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).
El hecho no pasa desapercibido debido a que desde que el Gobierno nacional decidió intervenir a Air-e en septiembre de 2024, la compañía ha tenido cuatro agentes interventores en poco más de un año, una rotación que refleja la inestabilidad del proceso y la dificultad para encontrar una solución de fondo.
El primer interventor fue Carlos Arturo Diago Abello, quien lideró la etapa inicial tras la toma de posesión por parte de la Superservicios. En octubre de 2024 llegó Edwin Palma Egea, quien permaneció en el cargo hasta febrero de 2025, cuando salió para asumir como ministro de Minas y Energía. Posteriormente, entre marzo y junio de 2025, la empresa quedó bajo la dirección de Diana Bustamante Rueda, cuya gestión fue breve en medio de la compleja situación financiera y operativa. Finalmente, en junio de 2025, Nelson Vásquez Torres asumió como cuarto agente interventor, y su reciente salida volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la falta de continuidad administrativa.
A la inestabilidad administrativa se suma la grave situación financiera de Air-e, que durante la intervención ha acumulado deudas que ponen en riesgo la continuidad del servicio en varios departamentos del Caribe. Este escenario se agravó a comienzos de 2026 con un decreto del Ministerio de Minas y Energía que obliga a las generadoras a realizar un aporte extraordinario para cubrir las deudas del sistema.
La medida, destinada al Fondo Empresarial de la Superservicios para respaldar empresas intervenidas como Air-e, ha generado un fuerte rechazo del sector energético, que la considera desproporcionada y perjudicial para la inversión. Mientras el Gobierno defiende el decreto como temporal y necesario para evitar un colapso del servicio, persiste la incertidumbre en la región Caribe ante la falta de soluciones estructurales a la crisis.
Voces expertas
Para el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta esta situación refleja un manejo errático del proceso. “Esta es una falta de respeto con los usuarios del servicio de energía de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, a quienes la Superservicios está llamada a proteger. La deuda con los generadores es de $1.7 billones”, afirmó.
Acosta calificó la intervención como un fracaso. A su juicio, la constante rotación de interventores demuestra que “no hay rumbo ni soluciones estructurales”, mientras la crisis se profundiza. Recordó que las causas que llevaron a la intervención —insolvencia, iliquidez y falta de caja—, lejos de resolverse se han agravado.
El analista del sector energético Javier Lastra advirtió que la constante rotación de agentes interventores en Air-e está afectando gravemente la continuidad de los procesos y la confianza en la intervención. “Cuando ya vamos para un quinto agente, con renuncias y cambios tan frecuentes, lo que se pierde es continuidad, y eso termina impactando negativamente la recuperación de la empresa”, señaló.
Según el analista, la crisis tiene raíces en factores como el bajo recaudo, las altas pérdidas de energía derivadas de redes obsoletas y las irregularidades en el consumo, situaciones que golpean la estabilidad financiera de Air-e y limitan cualquier esfuerzo operativo. Por ello, insistió en que la solución debe ser integral y de largo plazo.
En la misma línea se pronunció Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la región Caribe, quien advirtió que la salida del interventor agrava aún más la incertidumbre.
“Ahora viene un quinto del que no se sabe quién será ni cuándo asumirá. Eso le agrega mucha más incertidumbre al servicio eléctrico del Caribe”, señaló.
Alarcón insistió en que la empresa atraviesa una crisis grave de insolvencia y aseguró que el Gobierno nacional no ha inyectado los recursos necesarios, como lo ordena la ley.
“Air-e se está quedando sin oxígeno y no se le puede trasladar esta responsabilidad a los usuarios ni a las generadoras, muchas de las cuales llevan meses sin recibir pago”, advirtió.
Por su parte, Carlos Arturo Diago Abello, primer agente interventor de Air-e tras la toma de posesión, confirmó que la renuncia de Vásquez ya fue aceptada y que en los próximos días el superintendente Felipe Durán deberá designar, mediante resolución, a su reemplazo.
“Hay decisiones importantes que tendrá que asumir el nuevo agente interventor, el quinto en 16 meses y medio de intervención”, señaló.
Mientras se define quién tomará las riendas de la empresa, la incertidumbre crece entre los usuarios del Caribe, que siguen a la espera de soluciones estructurales y de una estabilidad administrativa que permita superar una crisis que, hasta ahora, no da señales de resolverse.
