Durante una visita a las obras de la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad, el ministro de Educación, Daniel Rojas, se pronunció con respecto a la tutela que impuso Leyton Barrios para regresar a la rectoría de la alma mater, y la cual fue declarada como improcedente el pasado miércoles 21 de enero.
Señaló que esta decisión corresponde a la rigurosidad jurídica que han implementado en este proceso.
“La rigurosidad jurídica con la que ha actuado el Ministerio de Educación Nacional queda en evidencia con esta decisión. Claro que hay una segunda instancia, pero esto nos da la certeza de que estamos actuando jurídicamente con rigor”, aseveró el funcionario.
Puso de presente que, desde el Ministerio de Educación, se avanzan estos procesos desde la “garantía del derecho, que es nuestra principal preocupación, sobre todo en una universidad que reivindicando la memoria de las víctimas, ha sido constituida como víctima dentro del conflicto”, añadió.
Detalles de la decisión
En la tarde del pasado miércoles se conoció la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla de declarar como improcedente una tutela presentada por Leyton Barrios con el objetivo de retomar su cargo como rector de la Universidad del Atlántico.
La decisión se sustenta en que no se ha evidenciado una violación a los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido proceso, intimidad personal, buen nombre, honra, libertad y la garantía de autonomía universitaria.
Es de anotar que, en la acción de tutela, Barrios pone de presente que la intervención del Ministerio de Educación tuvo lugar mientras la legalidad de su designación como rector se encontraba bajo estudio de la jurisdicción contencioso administrativa en el marco de procesos de nulidad electoral, lo que “configura un prejuzgamiento y una afectación al principio de separación de poderes”.
Asimismo, esgrimió que la resolución 023896 del 11 de diciembre de 2025 es “ilegal” y “desproporcionada”, puesto que fue expedida “con extralimitación de funciones y en desbordamiento de las competencias asignadas al Ministerio de Educación Nacional”.
Y recalcó que aunque cuenta con el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del “para el momento en que se adoptara una decisión judicial ya habría sido removido y reemplazado por un Agente Especial, consumándose la afectación a sus derechos y la estabilidad administrativa y académica de la institución”.
