Ante la crisis por la falta de entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación hizo un requerimiento para que se adopten medidas “inmediatas” y “contundentes” que garanticen el acceso a la salud de sus afiliados.
El llamado por parte del Ministerio Público se produjo tras la revisión al plan denominado ‘Estrategia de atención en contingencia por transición de gestor farmacéutico’, el cual fue presentado por la Nueva EPS.
Según el ente de control, el documento presenta vacíos que deben ser corregidos “con urgencia” para evitar así interrupciones en la prestación de los tratamientos médicos, en especial, de aquellos pacientes que padecen enfermedades crónicas, oncológicas y huérfanas.
De acuerdo con la Procuraduría, la Nueva EPS deberá realizar “ajustes sustanciales” sobre el objetivo del plan, así como detallar las intervenciones por cada departamento e identificación de su población afectada. También tendrá que establecer el modelo de atención, matriz de riesgos, entre otros.
En consecuencia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social exigió a la entidad informar los avances y soportes de las acciones implementadas del plan de contingencia, con el fin de evitar nuevas intermitencias e interrupciones en la distribución y dispensación de medicamentos en distintas regiones del país.
Lea también: Gobierno invertirá más de $5 billones en proyectos de transmisión de energía en la región Caribe
Panorama en Atlántico
El pronunciamiento de la Procuraduría coincide con la alerta emitida por secretarios de Salud del Atlántico tras una mesa de trabajo frente a la crítica situación que enfrentan los usuarios afiliados a la Nueva EPS en los 22 municipios del departamento.
Edison Barrera Reyes, secretario de Salud de Soledad, señaló que el departamento cuenta con más de 660.000 usuarios afiliados a la Nueva EPS, a los que no se les está garantizando el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud.
“Tenemos pacientes con remisiones pendientes desde el año pasado, pacientes que han fallecido en casa y le corresponde a la EPS hacer el acta de defunción, cirugías canceladas, citas canceladas. Como secretarios conjuntamente exigimos a Nueva EPS y a sus interventores que tomen acciones inmediatas para que se les garantice el acceso a los servicios de salud a todos los usuarios de nuestros municipios”, sostuvo el funcionario.
Advirtió, a su vez, que las fallas administrativas y financieras están impactando de forma directa la continuidad de tratamientos médicos esenciales, especialmente para pacientes oncológicos, crónicos y con enfermedades huérfanas.
En municipios como Baranoa, la Secretaría de Salud identificó que solo en el último año se registraron 287 quejas, de las cuales, más de 234 estuvieron relacionadas con la falta de medicamentos y el resto con demoras en citas médicas especializadas.
“Hemos agotado reuniones con la EPS, con la Superintendencia de Salud y con otros entes de control, pero no hemos obtenido respuestas efectivas. La salud es un derecho fundamental y hoy no está siendo garantizado”, señaló Viviana Nieto, Secretaría de Salud de Baranoa.
Lea también: A partir del 1 de febrero comenzará a bajar el precio de la gasolina: ministro de Minas
Medidas ante la crisis
Ante la ausencia de respuestas de la EPS, las secretarías de salud municipales han tenido que implementar medidas de contingencia locales, como lo es la gestión directa con IPS, el acompañamiento a usuarios para la asignación de citas y, en algunos casos, la entrega parcial de medicamentos recolectados a nivel municipal para mitigar las afectaciones más urgentes.
“Hemos avanzado apoyando a los usuarios en sus solicitudes y gestionando directamente con algunas IPS, no en nombre de la EPS, sino por la insistencia y la cercanía institucional. Esto nos ha permitido subsanar parcialmente algunas situaciones, pero no es una solución estructural”, sostuvo Nieto.
Finalmente, insistieron que la problemática supera la capacidad de respuesta administrativa de cada municipio y requiere intervenciones a nivel nacional.
“Las personas llegan a nuestras secretarías buscando ayuda y nos sentimos amarrados porque la Nueva EPS no nos da respuesta. Muchos viven de sus medicamentos y, si no se los entregan, la situación se puede agravar seriamente”, expresó Lewis González, Secretario de Salud de Tubará.
Proyecto de decreto
El Ministerio de salud avanza con un proyecto de decreto que permitiría la redistribución de usuarios de EPS en proceso de liquidación o reorganización, para garantizar la continuidad del aseguramiento en el sistema de salud, lo que implicaría el traslado de cerca de 3 millones de afiliados adicionales a la Nueva EPS.
La medida ha generado preocupación entre autoridades territoriales y pacientes, debido a las actuales dificultades administrativas, financieras y operativas que enfrenta la Nueva EPS en varias regiones del país.
Por otro lado, la Nueva EPS anunció este viernes que se se adelantó la más reciente postulación ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
En esta gestión se confirmaron giros por más de $1,5 billones, los cuales se verán reflejados en los prestadores conforme al cronograma establecido para enero de 2026.
