El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, manifestó que los distintos gremios del departamento rechazan de manera categórica la decisión del Gobierno nacional de trasladar jefes de las organizaciones criminales a las cárceles de Barranquilla.
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Lo anterior, señaló Cepeda Tarud, ante los riesgos que esta medida representaría para la seguridad de la ciudad y del departamento.
El pronunciamiento se dio luego de que el alcalde Alejandro Char a primeras horas de este lunes manifestara su rechazo y preocupación por el regreso de estos líderes a cárceles que tienen las condiciones de seguridad para concentrarlos.
“Tenemos preocupación por la falta de condiciones de máxima seguridad que se requieren para albergar a internos de alta peligrosidad. “Concentrarlos en una sola ciudad es facilitarles la articulación y coordinación de sus actividades delincuenciales”, advirtió Cepeda Tarud.
El dirigente gremial hizo un llamado al Gobierno nacional para que, en lugar de adoptar medidas unilaterales, se coordine con las autoridades locales y departamentales. Esto permitirá la implementación de un plan de acción integral que permita frenar la expansión de estas organizaciones criminales tanto en Barranquilla como en el resto del Atlántico.
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Cepeda Tarud fue enfático al señalar que el traslado de cabecillas vinculados a delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsión, tráfico de armas y otras rentas criminales constituye “un atentado directo contra la seguridad de Barranquilla y del departamento del Atlántico”.
Advirtió que esta decisión resulta aún más grave en un contexto marcado por el fracaso de la llamada paz total, una política que, sostuvo, lejos de debilitar a las estructuras criminales, ha terminado fortaleciéndolas y otorgándoles un estatus político.
“Esto ocurre por un sistema penitenciario institucionalmente débil, con cárceles hacinadas y sin condiciones para impedir que delincuentes de alta peligrosidad continúen delinquiendo desde su reclusión; y a las puertas de un proceso electoral que exige plenas garantías de seguridad y legitimidad”, puntualizó.
