La publicación para comentarios del borrador de una resolución que busca aliviar la crisis financiera de las comercializadoras de energía intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el cobro de ocho pesos por kilovatio-hora en el componente de restricciones a los usuarios de todo el país, ha generado diversas reacciones en distintos sectores.
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Según el documento, mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expide la reglamentación definitiva, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) recaudaría de manera temporal estos recursos a la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y estos luego serían distribuidos entre los agentes acreedores de las deudas acumuladas hasta el 30 de noviembre de 2025.
En ese sentido, en la justificación del proyecto, el ministerio señala que las empresas intervenidas acumulan pasivos por más de los $2 billones, una situación que representa un riesgo para la operación del mercado eléctrico y para la continuidad del servicio, especialmente en la región Caribe, donde se concentra una parte significativa de los usuarios.
Una de las justificaciones del proyecto es que la región Caribe enfrenta una situación socioeconómica más vulnerable que el promedio nacional, con una incidencia de pobreza multidimensional del 18,5 %, frente al 11,5 % del país. “Esta realidad limita la capacidad de pago de los usuarios, profundiza la pobreza energética y mantiene rezagos estructurales en la prestación del servicio de energía”, se lee.
Asimismo, señala el documento que, ante este escenario, la persistencia o ampliación de las deudas con los agentes del mercado representa un riesgo para la viabilidad financiera de las empresas acreedoras y para su operación dentro del SIN.
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“De no gestionarse estas obligaciones, podría verse comprometida la atención de los usuarios y el abastecimiento nacional de energía eléctrica, lo que hace necesario adoptar medidas orientadas a asegurar la continuidad de las acreencias y evitar un mayor deterioro financiero del sector”, argumenta el ministerio en el proyecto.
Reacciones
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, calificó el borrador como “inaceptable” y afirmó que, por primera vez, el Ministerio de Minas y Energía reconoce de manera explícita la grave crisis financiera de Air-e, situación que —según indicó— no había sido admitida previamente por el Gobierno.
Recordó que el Ejecutivo se comprometió a asumir el pago de la opción tarifaria, deuda que hasta ahora no ha sido cancelada. En ese sentido, criticó que se pretenda trasladar a los usuarios una crisis de la cual, afirmó, no son responsables.
Por su parte, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta afirmó que la medida propuesta por el Gobierno constituye un atajo al que ha tenido que recurrir el Gobierno como consecuencia de la “negligencia e incompetencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
Recordó que la obligación de la Superintendencia cuando intervino a Air-e era aplicar correctivos como la inyección de recursos provenientes del Fondo Empresarial, instrumento que administra dicha entidad.
Según Acosta, el cobro propuesto de ocho pesos por kilovatio-hora implicaría un aumento aproximado de $1.200 mensuales para los usuarios regulados y de hasta $40 millones para los usuarios no regulados, lo que trasladaría el costo de la crisis financiera de la empresa intervenida directamente a los consumidores.
Destacó además que este cobro podría ser “susceptible de demanda porque lo que se pretende con esta resolución es el cobro a título de cargo de restricción, lo cual no es muy ortodoxo”.
Al respecto, cabe recordar que en el 2019 se creó una sobretasa para atender los problemas financieros de Electricaribe con el objetivo de que fuera una fuente de financiación, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, porque dicha medida debió incorporarse de manera expresa en una ley, al tratarse de un cobro con efectos generales sobre los usuarios, se argumentó en su momento.
En la misma línea, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que este cobro que se propone se aplicaría a todos los usuarios del país, debido a que el Gobierno no cuenta con recursos presupuestales suficientes para realizar una inyección directa al Fondo Empresarial.
Indicó que Air-e mantiene actualmente deudas por aproximadamente $1,6 billones con el sector eléctrico, de los cuales $1,1 billones corresponden a generadoras térmicas de la región Caribe, que son fundamentales para la confiabilidad del sistema.
Castañeda aclaró que se trata de una medida no convencional, que busca atender un problema real: “La insuficiencia de recursos del Fondo Empresarial de la Superintendencia para cubrir las necesidades financieras de una empresa como Air-e”.
Advirtió que si la cadena de no pagos se mantiene y no se consiguen recursos suficientes, el problema dejaría de ser regional y podría convertirse en un riesgo de carácter nacional para el sistema eléctrico. Por ello, sostuvo que el objetivo del Ministerio es obtener recursos que permitan reducir progresivamente estas deudas, de manera que se pueda cumplir con los pagos a generadores, distribuidores y transmisores, y así preservar la estabilidad del sector.
Para Tomás González, exministro de Minas y Energía, esta medida busca resolver un riesgo sistémico que, en buena parte, fue creado por el propio Gobierno, al modificar el esquema de garantías de tal forma que no se pudiera imponer la limitación del suministro a Air-e.
Asimismo, señaló que a esto se suma la reiterada promesa del presidente Gustavo Petro de que las deudas de la empresa serían asumidas por el Gobierno, “promesa que, a la luz de esta propuesta, terminarían pagando los usuarios y no el Estado”.
Sostuvo que con las cifras actuales, el recaudo anual podría alcanzar aproximadamente $700.000 millones, lo que implicaría que la deuda se cubriría en un plazo cercano a tres años. Sin embargo, persiste una pregunta clave: ¿Qué ocurrirá con la deuda que se genere con posterioridad a noviembre de 2025? El proyecto no ofrece una respuesta clara sobre este punto.
González dijo que si bien la medida atiende un problema real y grave, no aborda la causa estructural del problema, como los altos niveles de pérdidas y el bajo recaudo que hacen inviable la prestación del servicio en las condiciones actuales. “Sobre este aspecto fundamental, la resolución no contiene una sola referencia, lo que pone en duda la efectividad de la solución propuesta a mediano y largo plazo”, indicó.
Adicionalmente, señaló que resulta legítimo preguntarse si esta medida será verdaderamente transitoria, o si, como ha ocurrido con otros gravámenes —como el 4x1.000—, terminará convirtiéndose en un cobro permanente pese a haber sido concebido como temporal.
Para el ex ministro es necesario analizar las consecuencias de tratar el riesgo sistémico como un problema de confiabilidad. El riesgo de fondo es que se consolide un esquema en el que los riesgos privados de la prestación del servicio sean socializados, trasladando las pérdidas al conjunto de los usuarios, tal como se evidencia en esta resolución.
González también coincidió en que cabe un análisis jurídico sobre si este cobro puede implementarse sin una modificación legal expresa; “aunque no es mi área de especialidad, existen serias dudas jurídicas sobre la legalidad del mecanismo propuesto”, expresó.
