La terminación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, correspondiente al Corredor de Carga Cartagena–Barranquilla por la avenida Cordialidad, podría tener un impacto en la dinámica económica regional. Así lo han anticipado algunos gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte.
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Según la organización, la terminación del contrato pone en riesgo un proyecto clave para la movilidad entre Cartagena y Barranquilla, generando impactos directos en el empleo y la eficiencia del transporte de carga en uno de los corredores más importantes para la competitividad del país.
“Si bien la infraestructura retornaría a la administración del Invías, advertimos que esta decisión obliga al Estado a asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo IP (Inversión Privada), sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas”, aseguró Héctor Carbonell, director de la CCI Norte.
Agregó que “esto representa retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos”.
Asimismo, indicó que la liquidación del proyecto genera incertidumbre sobre el futuro del corredor vial y envía señales que podrían afectar la confianza de los inversionistas en el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura en el país.
“Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y eficiencia y cerrar brechas territoriales en el país”, señaló.
Reiteró que la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura requiere esquemas financieros viables, reglas claras y estabilidad institucional.
En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio de Transporte para que, a través de las entidades competentes, se garantice una gestión técnica, eficiente y transparente en medio del proceso de liquidación.
De igual manera, fue enfático en que “se debe brindar claridad sobre el esquema bajo el cual será administrado el corredor vial y se definan alternativas realistas que permitan preservar las condiciones de operación y servicio, en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo sostenible de la región Caribe y del país”.
Cabe recordar que desde este viernes comienza la etapa de reversión para que tanto esta infraestructura vial, como los peajes existentes en Turbaco, Sabanagrande y Galapa pasen a control del Invías.
Teniendo en cuenta lo anterior, durante un periodo de 200 días, el concesionario Autopistas del Caribe continuará con sus labores de operación y mantenimiento del corredor, así como las estaciones de peaje existentes.
Al respecto, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres Yarzagaray, aclaró que en medio de este proceso se garantizará el no cobro del peaje a las categorías 1 y 2 en la estación de Tubarco, localizada en el PR 95+500 del trayecto desde Cartagena.
Dicha resolución del Ministerio de Transporte regirá hasta el próximo 31 de enero.
Apoyo de la ciudadanía
Rubén Llanos, uno de los voceros del Comité No más Peajes en el Atlántico, mencionó que la liquidación anticipada de la concesión es una “buena noticia” para los usuarios de Santo Tomás y municipios aledaños que por años han sufrido con los peajes de Autopistas del Caribe.
“Por fin se acabó esta concesión y lo mejor de todo es que fue en mutuo acuerdo para que no haya pérdidas millonarias para el Estado por el cierre de los peajes. Pero eso no es lo mejor de todo; desde este viernes habrá tarifa diferencial cero para las categorías 1 y 2 de todos los municipios del área de influencia”, expresó.
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Mientras tanto, Enildo Altamar Castro, líder comunitario de Arroyo de Piedra, fue enfático al decir que la disolución de la concesión se constituye en un “triunfo” porque finalmente no se construirá un nuevo peaje en este corregimiento del municipio de Luruaco.
“Fueron muchos años de lucha para que no se lograra instalar este peaje; ahora vemos cómo se dignifican nuestros derechos y el trabajo de miles de familias que alimentaban las arcas de la concesión con su sustento diario; algunos hasta se tuvieron que ir de sus territorios ante la grave situación social que se atravesaba en estos momentos”, dijo.
Puso de presente que “desde los municipios del Atlántico, en la zona de influencia de los peajes, haremos el control social al Invías para vigilar que se cumpla el mantenimiento de nuestras vías”.
Por otro lado, algunos comerciantes del sector de Turbaco, en Bolívar, como Carlos Castillo, anotaron que “a los tenderos y vendedores les beneficia este acuerdo. Nuestro bolsillo va a ser aliviado con un impuesto menos y además la conectividad en el transporte permitirá disminuir los costos de la canasta familiar para nuestros hogares”.
Defensa del concesionario
Desde el inicio de la concesión en 2021, Autopistas del Caribe ha tenido a su cargo la operación y el mantenimiento vial del corredor de carga Cartagena–Barranquilla, así como la ejecución de acciones sociales, ambientales y comunitarias en sus zonas de influencia.
En ese sentido, la concesión confirmó que ha desarrollado iniciativas dirigidas a emprendedores, campesinos, pescadores, artesanos, mujeres cabeza de hogar, deportistas y comunidades en general, mediante procesos de capacitación, acompañamiento y apoyo productivo en Atlántico y Bolívar.
Cabe recordar que este proyecto contemplaba la construcción de 74 kilómetros de segundas calzadas, 20 kilómetros en variantes y 8 intersecciones a nivel y desnivel.
Además, se dividía en 9 unidades funcionales constructivas y una unidad funcional de operación y mantenimiento. El plazo total era de 35 años, de los cuales 1.5 años eran destinados a la preconstrucción, 6.5 años a la construcción y 27 años a la operación y mantenimiento.
Las motivaciones detrás del acuerdo entre el Gobierno y concesionario
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Autopistas del Caribe acordaron, el pasado 30 de diciembre, la terminación anticipada de la concesión asociada al Corredor de Carga Cartagena–Barranquilla.
Esta disolución, de acuerdo con la ANI, se debe a los diversos hechos de protesta social que se presentaron durante la ejecución del contrato y que activaron la obligación de riesgos por un menor recaudo en las estaciones de peaje e incumplimientos en la instalación de la caseta en el sector de Arroyo Grande, en Luruaco.
Además, se señaló que dichas situaciones le impidieron alcanzar el cierre financiero del proyecto, lo que generó un “Evento Eximente de Responsabilidad”.
En consecuencia, hubo una demanda ante la ANI, la cual contemplaba el reconocimiento de perjuicios por un valor que ascendía a $1.290.551.050.234, pero ambas partes lograron un acuerdo de terminación consensuada que permitió resolver las diferencias y que la ANI se ahorrará cerca del 63 % de las pretensiones del concesionario, sin que esto implicara reconocimiento sobre el fondo de las mismas.
Así las cosas, las sumas acordadas serán pagadas con los recursos disponibles en el patrimonio autónomo del proyecto de concesión.
