El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitaron al Congreso otorgar trámite de urgencia e insistencia al proyecto de ley que busca establecer mecanismos para la regulación y democratización del sector energético en Colombia.
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La petición, dirigida a los presidentes de las comisiones quintas de Cámara y Senado, busca que las mesas directivas autoricen el estudio del proyecto en comisiones conjuntas y le otorguen prelación en el orden del día.
Cabe recordar que la Constitución y la ley facultan al presidente Gustavo Petro para emitir este tipo de mensaje. En ese sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-481 de 2019, precisó que “el mensaje de urgencia hace que el proyecto se vuelva prioritario, excluye la consideración de otros asuntos y habilita la deliberación conjunta de comisiones”.
Este proyecto que fue radicado el pasado 21 de octubre en el Congreso, el cual previamente había sido socializado en diferentes regiones del país. Sin embargo, no ha sido bien recibido por algunos sectores y usuarios.
Según el Gobierno, el Proyecto de Ley 432 de 2025 constituye una iniciativa de alto impacto estructural para consolidar un sistema energético confiable, sostenible y alineado con los objetivos de la transición energética.
Entre los objetivos del proyecto se encuentran corregir distorsiones tarifarias, garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica, promover el acceso a subsidios de manera focalizada y asegurar la sostenibilidad económica del sistema, conforme a los principios de eficiencia, solidaridad y sostenibilidad ambiental establecidos en la Constitución.
La iniciativa propone un nuevo marco normativo que aborda pilares técnicos, sociales y regulatorios del sistema eléctrico, incluyendo la focalización de subsidios, esquemas tarifarios diferenciales y mecanismos para atender a los usuarios vulnerables.
El articulado también plantea reformas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para fortalecer la representatividad de usuarios, academia y trabajadores, así como nuevos canales de participación y control ciudadano.
Otro de los puntos del proyecto, presentado por el ministro Palma, es la prohibición de cobros ajenos al servicio público en la factura de energía, además de mecanismos para garantizar mayor transparencia en las relaciones entre el Estado, las empresas y los usuarios.
Justificación del mensaje de urgencia
En la comunicación enviada al Congreso, el Gobierno argumenta que la reforma energética permitiría mitigar los impactos tarifarios acumulados por la opción tarifaria en los hogares de menores ingresos, proteger el acceso universal al servicio en condiciones justas.
También busca impulsar la competitividad industrial y territorial mediante tarifas basadas en energías limpias.
El documento señala que la iniciativa responde de manera integral a los desafíos actuales del sector eléctrico: “protege a los usuarios vulnerables, fortalece la transparencia y la sostenibilidad del sistema, impulsa la transición energética con criterios de equidad y promueve una regulación moderna orientada al bienestar colectivo”.
Finalmente, el Gobierno sostiene que su aprobación inmediata permitirá avanzar hacia un marco normativo coherente con los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, garantizando una transición energética justa, estable y socialmente responsable, que consolide la seguridad energética y la justicia tarifaria en el país.
