El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”. La iniciativa tiene como objetivo modernizar el marco regulatorio de los servicios públicos, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la equidad en el acceso a la energía eléctrica.
Esta propuesta introduce unas reformas sustanciales a las Leyes 142 y 143 de 1994, de servicios públicos domiciliarios. El fin, de acuerdo al Ministerio de Minas y Energía, es garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio público de energía. Además, busca promover la sostenibilidad financiera del sistema y avanzar en la transición energética justa y la adaptación al cambio climático.
Asimismo, el proyecto crea un Comité Consultivo Ciudadano de Participación, encargado de garantizar el diálogo entre el Estado y la ciudadanía en los procesos regulatorios, y establece nuevos mecanismos de confiabilidad para fortalecer la seguridad energética.
“Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia, en el que la energía sirva al desarrollo de la gente y no al revés”, añadió el ministro Palma.
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Por su parte, la viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt, señaló que Colombia es un país de regiones y precisamente “este proyecto busca garantizar justicia tarifaria a partir de esos esquemas diferenciales que permitan prestar el servicio eléctrico de manera equitativa en todo el territorio nacional”, afirmó.
Recalcó que con este proyecto de ley se marca un hito histórico que impulsa una transición energética justa, equitativa y resiliente, “en sintonía con el nuevo orden mundial”.
Otros cambios
El proyecto, además, destaca reformar la entrega de subsidios, con criterios técnicos y transparentes, la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, así como el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes.
Por otro lado, la iniciativa presentada prohíbe los cobros ajenos al servicio en la factura. En cuanto a la regulación. El ministerio busca que las facturas sean más claras y sin cobros ajenos al consumo energético, para proteger el bolsillo de los usuarios.
Asimismo, busca la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
También tiene como objetivo el proyecto mitigar los impactos de la opción tarifaria, distribuyendo solidariamente los saldos que afectaron a los estratos más vulnerables.
Además, mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales, para reducir la volatilidad del precio.
Tarifas justas y sin abusos, que eviten cobros dobles o pérdidas injustificadas, y tarifas diferenciales para industrias limpias, impulsando el desarrollo regional.
Por último, fondos para el cierre de brechas energéticas y compensaciones a los territorios, de hasta el 2% para proyectos sociales y reducción de la pobreza energética.
