El nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez, se comprometió a evacuar en dos meses, antes que acabe el 2025, más de dos mil solicitudes de trámites que están represados del año anterior, situación que ha afectado el desarrollo del trabajo de las empresas de vigilancia y seguridad privada en el país.
Álvarez, originario de Valledupar, quien llegó hace dos meses al cargo luego de varios cambios en esa dependencia, realizó un diagnóstico donde se encontró la cantidad de procesos represados, los cuales prometió resolver, en el marco de su presencia en Barranquilla.
“Son dos meses que llevamos ya dialogando con los distintos actores del sector, ya nos hemos reunido con todos los gremios. Pues bueno, la ventaja es que tenemos un equipo bastante cualificado, ya tenemos experiencia en resolver trámites represados en otras entidades y esa experiencia la hemos traído a la superintendencia. Hoy nos encontramos con una entidad con dificultades en nuestros sistemas de información, son un poco más de dos mil trámites que hemos encontrado allí sin soporte documental, recibimos un hackeo, varios ataques a nuestros sistemas, pero son situaciones administrativas que requieren una salida administrativa, entonces ya tenemos todo el equipo dispuesto para ello, estamos en función de eso, puedo decirles, estamos trasnochando, madrugando, pero estamos haciendo el trabajo y el compromiso es absolutamente claro, en dos meses vamos a resolver esos dos mil trámites y cuenten con que así va a ser”, prometió.
Adicionalmente, se emprenderá una campaña de visita a las empresas para asegurarse que se funcionen adecuadamente: “Miren, el sector de la vigilancia y la seguridad privada cumple un rol importantísimo en garantizar los bienes y la vida de los ciudadanos, en ese apoyo y coordinación institucional con la fuerza pública, también es utilizado por algunos sectores, los menores, no estoy diciendo que sea la mayoría, se prestan para utilizar las estructuras legales de las empresas para que sirvan como fachada de actores y de estructuras criminales, nosotros no vamos a permitir eso, estamos trabajando en aumentar las inspecciones de vigilancia, estamos haciendo inspecciones mucho más integrales, estamos vigilando no solo aspectos administrativos, sino también los relacionados con armas y con hombres, y en eso, no solo aquí en Barranquilla, en todo el país, van a encontrar en adelante una superintendencia mucho más empoderada, fortalecida, haciendo inspección palmo a palmo en todo el país”.
Álvarez explicó la estrategia aplicada: “lo que estamos haciendo es simplemente cruzar información para tomar decisiones objetivas, teniendo en cuenta en qué lugares operan las empresas que están autorizadas para funcionar, si allí encontramos presencia de actores ilegales armados, y eso, si lo sumamos a otro tipo de información que recibimos cuando cruzamos datos con información, por ejemplo, con IAF o Dian, y lo que tenga que ver de pronto con aspectos que pudieran relacionarse con lavado de activos, pues esto es una base de datos apropiada, y además con criterios objetivos para hacer este proceso de inspección vigilancia y control”.
El superintendente señaló que “en Colombia hay alrededor de 1500 empresas entre empresas de vigilancia remunerada y otros esquemas de autoprotección. En el Atlántico tenemos 125, y nosotros hemos tomado medidas en distintas entidades o empresas de vigilancia del país. Algunas empresas han recibido sanciones, otras multas, algunas se han cancelado las licencias, pero todo esto producto de la inspección y vigilancia que nosotros ejercemos cuando hemos encontrado lugar o motivo para ello”
Uno de los casos más graves encontrados han sido personas con antecedentes judiciales contratados como vigilantes: “todos tenemos un vigilante, una persona que es quien recibe a nuestros niños, por ejemplo, cuando llegan del colegio. Si una empresa, por ejemplo, no tiene una política clara de integración o de cómo adoptan las personas que integran a su trabajo hay riesgos, fíjense que, por ejemplo, nos hemos encontrado, ¿qué pasa con esto con personas, por ejemplo, con antecedentes penales que están prestando hoy servicios de vigilancia. Entonces, es aberrante saber, por ejemplo, que el vigilante que está recibiendo a nuestro hijo pueda tener antecedentes o una orden de captura por violación o por homicidio. Entonces, este tipo de controles los estamos aumentando y aquí hemos encontrado realmente una actitud muy receptiva de parte del sector”.
En la actualidad la dependencia cuenta con poco cantidad de personal, unas 95, por lo que el desafío para el cumplimiento será titánico, según referenció Larry Álvarez.
