En el Atlántico, una “ardua batalla” se ha desplegado contra el robo de agua, una práctica que se ha venido incrementado en algunas zonas del departamento, generando afectaciones en la prestación del servicio.
En lo corrido del año, en el departamento se han evidenciado 8.247 casos de fraude, mientras que durante todo el 2024 se detectaron más de 17 mil predios con irregularidades en el suministro de agua. De acuerdo con la empresa Triple A, esto equivale a una “pérdida significativa de recursos hídricos”.
Por tal razón han adoptado estrategias que se apoyan en herramientas avanzadas de análisis de datos que no solo ayudan a identificar posibles casos de fraude, sino que también permiten entender el comportamiento estacional de los usuarios, analizar estadísticas de consumo y detectar patrones inusuales, lo que refuerza el control y la prevención de estas prácticas.
Desde la Gerencia de Eficiencia Hidráulica se vienen implementado herramientas como georradares, geófonos y medidores avanzados. Además, se cuenta con elementos de análisis de datos estadísticos para identificar zonas con alta incidencia de irregularidades.
Al respecto, Álvaro Araújo, gerente de Eficiencia Hidráulica, dijo que es importante que la comunidad sepa que el fraude de agua no solo afecta a la empresa, sino también a los usuarios que pagan por el servicio.
“Nuestro equipo busca concienciar a la población sobre la importancia de hacer un uso responsable del agua y denunciar cualquier actividad sospechosa para frenar la comisión de este tipo de delitos”, aseguró.
Algunas cifras
De esta manera, dicho equipo especializado ha logrado recuperar más de 1 millón de metros cúbicos de agua, una cantidad que sería suficiente para abastecer a más de 40 mil hogares, o lo que equivale a suministrar agua a un municipio como Sabanalarga durante dos meses consecutivos.
En términos económicos, la recuperación de estos metros cúbicos de agua equivale a un valor de más de $8 mil millones, de acuerdo con lo estimado por la compañía. A eso se suma que se han realizado acuerdos de pago por más de $2 mil millones por concepto de dejado de facturar, que se aplica a quienes cometen este delito.
Ramón Hemer, gerente de la empresa Triple A, fue enfático al sostener que “la lucha contra el fraude de agua es una tarea que asumimos con determinación en Triple A, porque sabemos que proteger este recurso vital es proteger la vida y el bienestar de nuestra comunidad”.
En ese sentido, ratificó que “nuestro llamado ha sido claro: el agua es un bien común y cuidarla es responsabilidad de todos. Quien incurre en fraude se expone a multas y sanciones penales, pero lo más importante es comprender que esta práctica nos afecta a todos”.
Las sanciones vigentes
Sneider Lobo, director de Pérdidas Comerciales de la compañía, explicó que el fraude de agua impacta de forma directa a la ciudadanía, causando interrupciones y baja presión en el servicio.
Adicionalmente, esta práctica conlleva al desvío de recursos que podrían usarse para expandir el servicio a comunidades sin acceso.
En ese sentido, Lobo explicó que la defraudación de fluidos es considerada en Colombia como un delito, de acuerdo con el Artículo 256 del Código Penal.
Por tal motivo, quien incurre en este delito puede ser castigado con prisión de 16 a 72 meses y sancionado con el pago de una multa de 1.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, el responsable debe pagar el valor del consumo dejado de facturar y la empresa puede suspender el servicio.
La norma también señala que la defraudación de fluidos implica el incumplimiento del contrato de condiciones uniformes a través de conexiones ilegales a la red de servicios públicos, la manipulación o alteración de los medidores o sistemas de control del consumo del servicio o tener doble acometida para eludir el pago del consumo real.
Una problemática de vieja data en el departamento
En un recorrido periodístico realizado por EL HERALDO en abril de 2022, se pudo evidenciar que esta problemática se veía agudizada por la utilización del agua obtenida de manera irregular para el funcionamiento de piscinas, jacuzzis, puntos de abastecimiento para la crianza de animales, sistemas de riego para sembradíos y hasta jagüeyes artificiales.
En ese momento también se contabilizaron cuatros puntos críticos en las líneas de conducción a los municipios, en los cuales se extraía el agua de manera irregular, correspondientes a la tubería Sabanagrande–Achotera, las tuberías de conducción del sistema costero (Cuatro Bocas–Juan de Acosta, y Tubará-Usiacurí) y la tubería Ponedera–Sabanalarga.
Además, desde la empresa Triple A se determinó que las pérdidas más altas se concentraban en Soledad, así como en la zona sur y suroccidente de Barranquilla.
