Con el objetivo de garantizar mayor transparencia, participación y justicia ambiental en los proyectos de energías limpias del programa Comunidades Energéticas, que se implementarán en las zonas más vulnerables del país, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República su acompañamiento en este proceso, clave para la consolidación de la transición energética.
La petición, dirigida a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, destaca el carácter prioritario que tiene este tipo de proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. Su objetivo es reducir brechas en el acceso a la energía en zonas rurales y no interconectadas, y promover la sostenibilidad ambiental mediante modelos de generación comunitaria, comercialización y uso eficiente de la energía.
La solicitud se enmarca en la reciente convocatoria pública emitida por el ministerio el 18 de julio, dirigida a operadores de red y generadores públicos o mixtos con participación estatal mayoritaria, para postular proyectos comunitarios con energías limpias.
Transparencia y articulación con entes de control
El Ministerio de Minas y Energía pidió a la Procuraduría convocar una mesa de trabajo presencial para socializar los objetivos, alcances y avances de esta convocatoria, y reiteró la importancia de asegurar decisiones articuladas y sostenibles que integren criterios sociales, ambientales y de participación ciudadana, conforme a lo establecido en la Circular 001 de 2024 de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
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Garantía de derechos y justicia ambiental
“Desde el Gobierno nacional, con la implementación de Comunidades Energéticas, no solo le apuntamos a cerrar brechas de acceso al servicio público de energía, sino también a fortalecer la gobernanza local y los procesos de participación en los territorios, haciendo efectiva la justicia ambiental”, comentó Palma.
Por esta razón, el acompañamiento preventivo del Ministerio Público se considera un elemento clave para blindar estos procesos y garantizar su impacto transformador en las regiones más apartadas del país.
La misma solicitud fue elevada también ante la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, como parte de una estrategia integral de control preventivo.
