La crisis financiera y administrativa que arrastra la empresa Air-e, que conllevó a su intervención por parte de la Superservicios desde septiembre del año anterior, tiene en alerta a diversos actores ante el efecto dominó que podría desencadenar para el sistema energético en el país.
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Desde esta semana Nelson Vásquez asumió la responsabilidad de timonear la empresa en medio de esta tempestad, reemplazando en el cargo a Diana Bustamente, quien ya había estado antecedida por Edwin Palma –actual ministro de Minas y Energía– y Carlos Diago.
Mientras el calendario sigue deshojando días, varios aspectos se encuentran a la espera de una determinación clara por parte de las autoridades para seguir garantizando el suministro de energía a los usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
EL HERALDO conversó con varios líderes gremiales y expertos sobre los desafíos que se deben ser atendidos de manera inmediata por la compañía, así como las distintas rutas para salir de este complejo panorama.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expuso que los pendientes se deben adoptar desde dos perspectivas: la operativa y la financiera.
En el primer plano, la principal tarea corresponde a garantizar un servicio de calidad y eficiente, “que continúe llegando a los usuarios de la región en los tres departamentos”.
“Se debe procurar organizar internamente la empresa para que, operativamente, funcione lo mejor posible”, dijo.
Con relación al aspecto financiero, expuso que “el reto es aún mayor” debido a que adeuda alrededor de $1.5 billones a otros actores del sistema: “Tiene que conseguir recursos, buscar eficiencias internas y reducir gastos que no estén directamente relacionados con el corazón del negocio. Se requiere una tarea financiera muy grande”.
Al mismo tiempo, mencionó que no brindar respuestas efectivas a estos aspectos conllevaría a la activación, en cualquier momento, de una limitación de suministro, aunque es una medida descartada por el momento ante las determinaciones de la Superservicios.
“Si la empresa no paga y continúa sin pagar, el problema deja de ser solo de Air-e y se convierte en un problema nacional. Los generadores térmicos no podríamos prepararnos adecuadamente para el verano que comienza a finales de este año”, recalcó.
En ese sentido, el líder gremial enfatizó que “pasamos de un problema regional a uno nacional, con consecuencias graves sobre la confiabilidad del sistema eléctrico”.
Para Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), se mantienen los mismos retos que están presentes desde el inicio de la intervención, teniendo en cuenta que la situación de prestación del servicio y la regulación no han cambiado.
“La incertidumbre sobre cuál va a ser la solución estructural para la empresa es creciente. La Superintendencia declaró que la intervención es para liquidación, así que actualmente está en mora de decirles a los usuarios cual será el nuevo esquema empresarial, funcional y operativo que llevará a resolver definitivamente la prestación del servicio y la solución final a una situación indeterminada y deficiente”, aseguró la líder gremial.
Dijo, además, que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad del servicio de energía, por lo que “el nuevo esquema debe asegurar un operador idóneo, con capacidad de invertir en distribución y gestionar adecuadamente el negocio de comercialización, para que no se contaminen entre ellos”.
Visión de los expertos
Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, recalcó que los desafíos pendientes son compartidos entre el nuevo interventor y el superintendente Yanod Márquez, porque responden a las causales que conllevaron a su intervención. Enfatizó que se mantiene la insolvencia, iliquidez y dificultades en el flujo de caja por parte de la compañía.
“Flaco favor le hace el superintendente a la empresa Air-e con la instabilidad de su administración, ya que en solo 9 meses ya van 4 interventores. Así no va a llegar a ningún Pereira”, dijo.
Mencionó, además, que la anterior agente interventora, Diana Bustamante, le pidió al superintendente su “urgente intervención para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores, pero solo obtuvo la callada por respuesta”.
También se mostró de acuerdo con la advertencia lanzada recientemente por el ministro Palma frente a la necesidad de un respaldo económico para evitar un apagón, teniendo en cuenta que “si el Fondo Empresarial de la Superintendencia no respalda financieramente a Air-e, la operación de la compañía se volvería inviable, lo que podría provocar un apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.
Javier Lastra, experto en temas energéticos, aseguró que la incertidumbre financiera y administrativa podría conllevar a retrasos en los tiempos para plantear soluciones oportunas por parte de la compañía.
“Cada día que pasa sin ejecutar inversiones en infraestructura, el servicio se deteriora y retrocede en los avances logrados en materia de calidad por el operador intervenido”, informó.
De igual manera, aseguró que “los proveedores de bienes y servicios podrían, por incapacidad financiera, colapsar y poner en riesgo la continuidad del servicio, es decir, apagones que afectarían directamente al usuario y a la economía de la región”.
Evitar señales equivocadas
José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), puso de presente que hasta el momento no se vislumbra una solución para la empresa Air-e, sin tener en cuenta el impacto que tiene para todo el sector.
“Siempre esperamos que el Estado, cuando interviene, llegue a solucionar un problema, y no que el enfermo se convierta en una pandemia que afecte al resto del sector. Los usuarios que atiende esta empresa representan casi el 10 % del mercado eléctrico de Colombia”, agregó.
Instó a la Superintendencia de Servicios Públicos a que se adopte un “plan específico”, enfatizando en que se requiere una “respuesta articulada” de todo el Gobierno nacional.
“Lo que preocupa es que la situación está peor que cuando la Superintendencia intervino. Y así lo demuestran las deudas que tiene la empresa. Es muy preocupante que Air-e no esté cumpliendo con sus obligaciones de pago. El tema de la circular de la Superintendencia, que evita aplicar la limitación de suministro, no está bien”, recalcó.
En ese sentido, enfatizó que “esto no es adecuado ni conveniente para la salud financiera del sector. Incluso, para el Estado podría ser mejor no intervenir, en lugar de enviar señales equivocadas que comprometen la prestación actual y futura del servicio”.
Reconoció que el pago de subsidios por parte del Gobierno se convirtió en un “alivio importante” para el sector, pero la referenció como “una solución muy temporal”.
“Se deben apropiar los recursos para cubrir el déficit de 2025, que es cercano a 2.7 billones de pesos y que aún no están garantizados. Solo hasta mayo, las empresas del país ya han aportado 1.5 billones en subsidios. Necesitamos que se giren esos recursos y que se apropie el déficit proyectado para 2025”, mencionó el líder gremial.
