El fantasma de un racionamiento de energía vuelve a rondar al Caribe colombiano. Este lunes, la Contraloría encendió las alarmas ante el “inminente riesgo” que existe debido a los retrasos en los pagos correspondientes a los subsidios a las empresas prestadoras del servicio de energía en el país.
De acuerdo con el ente de control, esta situación podría generar afectaciones a más de 10 millones de personas en el Caribe colombiano, así como en los departamentos de Nariño, Chocó y Vichada.
Al respecto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y superintendencias para que cumplan su papel de garantes y adopten acciones idóneas prevenir la afectación en la prestación de este servicio, evitando así “el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional”.
En ese sentido, aseguró que deben considerarse aquellas medidas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía.
El ente de control también expuso que la situación se agrava por la “falta de decisión” del Gobierno con relación al reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de opción tarifaria, que corresponde al congelamiento de las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos.
Otro factor, de acuerdo con la Contraloría, lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, “lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas del Caribe”.
La Contraloría agregó que una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos: “Es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”.
El panorama actual
Tras conocida la alerta, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) indicó que el saldo pendiente, a corte de agosto de este año, por subsidios para los estratos 1, 2 y 3 asciende a $1.3 billones.
José Camilo Manzur, director del gremio, sostuvo a EL HERALDO que en el presupuesto del próximo año no se han apropiado recursos por el orden de $700 mil millones por este concepto. De esta manera, el déficit llegaría a $2 billones.
“Las empresas pequeñas no tienen recursos para pagar nómina. Hay empresas pequeñas que el valor de los subsidios superan su saldos de caja positivos”, aseguró el líder gremial.
De acuerdo con Manzur, la situación se agrava debido a la estrechez financiera que existe por los saldos de opción tarifaria.
“En el último corte que tenemos, al mes de julio, esa deuda va en $4 billones. Cada día que se demore la aprobación de la ley que convierte en realidad la promesa del presidente Petro de asumir la deuda, va en contra de los mismos usuarios”, expuso durante un reciente evento en Cartagena.
También puso de presente que cuando se materialice dicha iniciativa la reducción tarifaria para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira sería cercana al 20 %, mientras que en Bolívar, Córdoba y Sucre sería cercana al 10 %.
La visión de expertos
Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, fue enfático al decir que el sistema energético del país podría enfrentarse a un “efecto dominó” ante “un apagón financiero de consecuencias impredecibles”.
“Están urgiendo al ministro Andrés Camacho para que intervenga con diligencia y prontitud para que, a la mayor brevedad, se les gire lo pendiente y para que en el proyecto de ley de Presupuesto para la vigencia del 2025 se apropien los recursos necesarios y suficientes para cubrir el valor de los subsidios del año entrante, para evitar la recurrencia de esta situación tan anómala”, sostuvo el experto.
Indicó que si el faltante asciende a $2 billones, las principales dificultades son para las empresas más pequeñas, puesto que “no tienen flujo de caja siquiera para pagar la nómina, pues el monto adeudado por concepto de subsidios por parte del Gobierno nacional supera su saldo de caja. Están ilíquidas. No resisten más”.
Recalcó el llamado al Ejecutivo para “apercibirse” de esta crisis, que se suma a las altas tarifas y a la espiral alcista de las mismas: “Los problemas que no se solucionan se agravan y se vuelven crónicos y este es el caso”.
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Por su parte, Norman Alarcón, coordinador en la región Caribe de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, indicó que la ley define que los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 tienen dos fuentes para su pago.
La primera, indicó, son los Fondos de Redistribución de Solidaridad e Ingresos que, en energía, pagan los estratos 5, 6 y comercial con una sobretasa llamada contribución y que es del 20 % sobre el consumo total. “Como esos recursos no alcanzan, se tienen que completar con dineros del Presupuesto General de la Nación según la ley. O sea que los faltantes para pagar este subsidio los pagamos todos los colombianos”.
Puso de presente que en el Caribe hay cerca de 2.7 millones de hogares consumidores de energía, de los cuales el 80 % reciben subsidios por pertenecer a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, 2,16 millones de hogares.
“La situación se agrava para los usuarios del Caribe por las altas tarifas impagables que se les está cobrando producto de un régimen especial tarifario contra los costeños (que incluye pago de hurtos y fraudes), por la opción tarifaria, lo mismo que el cobro de una sobretasa a la comercialización del
20 % solo para esta región y las altas rentabilidades de todas las empresas del sector eléctrico”, remarcó.
Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, sostuvo que existe “preocupación” ante el posible apagón por los retrasos en el pago de subsidios a las prestadoras del servicio.
“El Gobierno ha sido enfático de que esa situación no pasará. No obstante, como usuarios estamos atentos a la situación, pues un corte generalizado de energía desencadenaría fallas en sectores como la salud, la educación, el comercio e incluso el sistema de acueducto”, dijo.
También instó al Gobierno nacional para que evite un “colapso” en el suministro de energía que tendría repercusiones “devastadoras” para las comunidades afectadas, en especial, en el Caribe colombiano.
