En un estado de letargo. Así permanecen varios proyectos de gran envergadura en materia de infraestructura en Atlántico y el Caribe por falta de un licenciamiento ambiental para ejecutarlos. La APP del Canal del Dique, los viaductos Ciénaga – Barranquilla y otras iniciativas en el campo energético, enfrentan un duro panorama en la región por cuanto carecen de esta aprobación para avanzar.
Si bien este paso es fundamental para que los proyectos se desarrollen causando un menor impacto en los ecosistemas y las comunidades, así como también mantener cierta sostenibilidad en el tiempo, las demoras en el proceso y los requisitos para obtenerla se convirtieron –según refirieron congresistas y actores de la cadena energética– en la “talanquera” para la ejecución de estas iniciativas en el territorio.
Cabe recordar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) es la entidad encargada de otorgar estos permisos; sin embargo, en el proceso se requieren del concepto de otras tantas, como las autoridades ambientales, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y otros ministerios para avalar el requerimiento.
“Paraliza la inversión”
Efraín Cepeda, conservador y presidente del Congreso de la República, precisó que las demoras en este proceso “frenan” la inversión y el desarrollo de estas iniciativas. Infirió que esta situación podría derivarse de la falta de gestión o capacidad de la Anla.
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“Le propuse a la Bancada Caribe que sostuviéramos una pronta reunión para hablar del tema de la energía eléctrica, los viaductos Ciénaga-Barranquilla, a los que les conseguimos recursos por $750 mil millones, una obra adjudicada en el gobierno anterior a la que la Anla no le ha dado aún la licencia. Tampoco a las del Canal del Dique. En la Anla no pasa nada, pero sí paralizan la inversión y el desarrollo de obras ambientales. Estamos en un mundo al revés y no sé si es por falta de capacidad o porque son obtusos”, contó Cepeda en diálogo con EL HERALDO.
Entretanto, el senador por Cambio Radical, Antonio Zabaraín, sostuvo que el proyecto de los viaductos le ha costado 30 meses, desde su adjudicación, sin poder iniciar por cuenta de la licencia ambiental.
“El Gobierno no ha dado en 30 meses poder sacar una licencia ambiental para los viaductos en Ciénaga-Barranquilla, se hizo un estudio de impacto ambiental y le pusieron todos los obstáculos, porque las obras se adjudicaron en el primer trimestre del año 2022 y la plata está en caja”, refirió.
El congresista indicó que de no construirse los viaductos, no se puede hacer la doble calzada en la vía Ciénaga-Barranquilla. “Es un despropósito que hayan invertido casi un billón de pesos en el nuevo puente Pumarejo de seis carriles, que hoy cuando llega uno a la vía es un embudo”, apuntó.
Por su parte, Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, indicó que los requerimientos exigibles para la ejecución de proyectos en el marco ambiental no son claros y los plazos muy extensos, por lo que –según dijo– imposibilitan el desarrollo de los mismos.
“El radicalismo ambiental del Gobierno está siendo uno de los más graves problemas para el desarrollo del país y se nota con más fuerza en el Caribe. La APP del Canal del Dique y la Vía Ciénaga-Barranquilla son las más dolorosas evidencias. Entre otras cosas, porque no son claros en lo que exigen. El nivel de confusión es tal, que ni la misma Anla sabe qué le quiere pedir a los proyectos en temas ambientales”, expuso.
Insistió en que se debe dar una discusión en torno a este tema de licencias ambientales y consultas previas para “destrabar” varios de los proyectos de la región y el país.
“Es difícil que se logren sacar los proyectos adelante ante esta incompetencia y falta de conocimiento que incentivan a la comunidad también a establecer unas socializaciones eternas que imposibilitan los inicios. Adicionalmente, insisten en llegar a estirar los plazos lo más que se puedan y eso perjudica cualquier proyecto. Aquí lo que hay detrás es una intención de bloquear los proyectos y el desarrollo”, apuntó.
Pedro Flórez, senador por el Pacto Histórico, manifestó que las demoras en la obtención de licencias ambientales pueden afectar significativamente la competitividad de los territorios y aunque dijo que es un punto crítico actualmente, especialmente en la industria energética, es esencial para asegurar que los proyectos se desarrollen de manera sostenible y con el menor impacto ambiental posible.
“Cabe resaltar que en el gobierno actual se han entregado una gran cantidad de licencias en un período relativamente corto en comparación con el gobierno anterior. De las 40 licencias entregadas desde que se habilitaron estos proyectos, 19 han sido entregadas en el actual gobierno, lo que indica un ritmo acelerado en la tramitación”, expuso.
Precisó que uno de los principales problemas que afecta el avance de proyectos es la falta de información clara y organizada sobre el impacto ambiental, así como los requisitos “complicados” que deben cumplir las empresas.
“Pienso que simplificar los estudios necesarios y ofrecer apoyo y capacitación a las empresas para que entiendan mejor los procedimientos podrían acelerar el proceso y facilitar la ejecución de proyectos clave”, apuntó.
Articulación interinstitucional
Para la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) es importante que se pueda dinamizar el esquema de licenciamiento ambiental para que se puedan desarrollar los proyectos sin flexibilizar la protección del medio ambiente.
“Para algunos desarrolladores y territorios, las exigencias exceden las capacidades, por lo que se inviabilizan las inversiones en el territorio y por ende se limitan las oportunidades de empleo y de ingresos para las regiones”, anotó.
La agremiación sostuvo que parte del problema por lo que estos proyectos energéticos en la mayoría no avancen radica en la falta de capacidades y de articulación interinstitucional, ausencia de protocolos y reglas claras para las consultas previas, requerimientos excesivos y falta de acompañamiento por parte del Estado para el desarrollo de los mismos.
“Uno de los principales cuellos de botella está asociado a las competencias otorgadas a las autoridades ambientales regionales por su carácter de autónomas. Las actuaciones no están estandarizadas, falta uniformidad de criterios en la evaluación de trámites ambientales, junto con el incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos”, agregó la Andeg.
Estado de los proyectos
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) precisó a EL HERALDO que en el Atlántico se han otorgado licencias a los proyectos que han “cumplido a cabalidad” con el trámite. Indicó que hay cuatro proyectos energéticos actualmente licenciados y hay un proceso de modificación de licencia de uno de ellos.
Estos corresponden al Proyecto Atlántico Photovoltaic de 199.5 MW; Parque Solar Fotovoltaico Guayepo de 400 MW; Parque Solar Fotovoltaico Guayepo de 200 MW; Ampliación de una bahía de línea tipo GIS en Sabanalarga de 500 KV.
Sobre la APP del Canal del Dique, la entidad sostuvo que se determinó que este proyecto requería de licencia ambiental, por lo que desde la sociedad, en este caso Sacyr, se envió una comunicación solicitando los términos de referencia específicos para la ejecución de esta iniciativa.
“Nosotros estamos elaborando los términos de referencia y están en fase de revisión. Aún no se puede solicitar la licencia hasta que surta este paso”, argumentó.
Rodrigo Negrete, director de la Anla, dijo en su momento a esta casa periodística, en el marco del reciente Congreso de Andesco, que este es un proyecto complejo, con una dinámica muy especializada, que hay un tema de comunidad y de consultas previas que tendrán que resolverse cuando corresponda.
“Estamos revisando cuidadosamente para que ningún componente nos quede por fuera y pueda avanzarse ya en la elaboración del estudio de impacto ambiental. Apenas entreguemos los términos de referencia, el concesionario tendrá el tiempo que estime para elaborar el estudio con todos los componentes que se requieren y tan pronto tenga lista la solicitud de licencia, ya la radicarán ante la Anla y nosotros dentro del término legal, es decir, en 90 días nos pronunciaremos”, mencionó en ese entonces.
Precisó, además, que a la fecha se han otorgado 43 licencias ambientales, de las cuales, 22 han sido entregadas en este periodo de gobierno, fundamentalmente para proyectos eólicos, solares y las líneas de transmisión. “Es de anotar que 21 de esas licencias fueron otorgadas desde 2018 hasta agosto de 2022”, dijo.
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En el caso de los viaductos Ciénaga-Barranquilla, la Anla manifestó que este proyecto está suspendido por “fuerza mayor”. Indicó que mediante Auto 2808 de 2024 se concede una prórroga de 10 meses para realizar un estudio necesario para un pronunciamiento de la autoridad ambiental.
“La Anla es una entidad que es muy eficiente, la tasa de respuesta en los tiempos descritos de acuerdo con el decreto 1076 de 2015, es de un 98 %, lo que no se resuelve a tiempo es por demora de la radicación de información adicional, cuando la pide la Anla, por parte del solicitante de una licencia, suspensión por fallos judiciales o por problemas de orden público”, declaró.
“Lo ideal es que el licenciamiento no sea una piedra en el zapato”
Para Nelson Rangel, experto ambiental y docente de la Universidad del Atlántico, hay muchos factores que pueden incidir en el licenciamiento ambiental tales como eficiencia del proceso, calidad en la gestión ambiental y los beneficios a largo plazo de la sostenibilidad. Indicó que la demora en la obtención de una licencia puede aumentar los costos iniciales, retrasar los proyectos y en consecuencia desincentivar la inversión, generar incertidumbre, afectando así la planificación y la viabilidad de las iniciativas.
Sin embargo, sostuvo que una licencia ambiental bien gestionada puede asegurar que un proyecto se realice de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente, además de demostrar un compromiso ambiental e incidir en la reputación del proyecto. “Lo ideal es que el licenciamiento ambiental no sea una piedra en el zapato, si se hace bien, puede ser muy beneficioso”, dijo. Precisó que el no avance de los proyectos puede deberse a factores administrativos, técnicos, sociales y económicos. Señaló que los procesos de licenciamiento ambiental a menudo son muy complejos y requieren de múltiples etapas, por lo que pueden generarse demoras. “A veces las autoridades ambientales carecen de personal y recursos técnicos suficientes para procesar las solicitudes de manera eficiente, otras veces la necesidad de coordinarse con múltiples agencias y niveles de gobierno puede causar retrasos, especialmente si no hay una clara asignación de responsabilidades y en algunos casos los proyectos enfrentan requisitos redundantes o contradictorios de diferentes agencias”, argumentó.
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Expuso que los estudios de impacto ambiental mal elaborados o incompletos también pueden prolongar el proceso de aprobación de la licencia, así como la oposición de las comunidades locales y las partes interesadas pueden extender el tiempo de las audiencias públicas y el proyecto en sí mismo.
“Algo suele suceder desde la política y está asociado a los cambios en las prioridades políticas y económica según el gobierno de turno, ya que esto puede influir en la rapidez con que se procesan las licencias o directamente al no otorgamiento porque no está dentro de lo que el gobierno busca o el enfoque que se tiene”, puntualizó Rangel.
