La 'mala hora' llegó a irrumpir su tranquilidad. Llevaba botas de caucho, pantalones camuflados y capuchas. Sus ojos no se alcanzaban a detallar, pero su voz quedó marcada en la memoria de quienes tuvieron la infortuna de encontrarse con ella.
Tierras fértiles
Todo lo que se siembra en Cieneguita y Pita da frutos. Aguacate, mango, yuca y ñame son algunos de los productos que crecen en estas tierras y que llega a la mesa de muchas familias en Atlántico y Bolívar.
De acuerdo con Francisco Ruíz, residente de la zona, estos terrenos 'son muy buenos porque aquí se puede sembrar de todo y crece sin problema'.
Recordó que 'yo fui desplazado por la violencia, viví varios años entre Barranquilla y Bogotá, pero al final uno siempre vuelve a las raíces y más cuando vi que podía volver a trabajar en el campo que es lo que me apasiona'.
Agregó que antes de la matanza, las familias de la zona eran muy unidas y se hacían fiestas frecuentemente; los niños, por su parte, podían ir a la escuela sin necesidad de bajar hasta Las Tablas. En esos momentos, había mayor producción agrícola y comercialización de productos.
'Aquí no se pasaba tanta necesidad, todos se conocían y cuando alguno no tenía para comer, otros lo ayudaban. Éramos una comunidad feliz y pacífica', rememoró con cierta nostalgia.
Francisco contó que tres días antes del 'terrible' suceso, un grupo de personas llegó realizando censos a los ranchos, entraron a las habitaciones y detallaban los terrenos.
'El día que pasó eso, ellos ya tenían claro a quienes iban a matar porque fueron directo. No sabemos qué los motivó a eso, pero desde ese momento así como esas personas que fallecieron, se murió todo en esta zona y se sentía una pesadez y tristeza grande', agregó.
Pedro Clavel Ospino Llerena, Rafael Manuel Ospino Llerena, Daniel Montero Castillo, Rodolfo Barrios Anaya, Orlando Rico Lara, Rafael Ospino Olivo y Félix Caraballo Sánchez fueron las siete víctimas que dejó el paso de los grupos al margen de la ley en este terruño en los años 2000 y 2003.
Promesas incumplidas
Superar el odio y trabajar en la construcción de paz no ha sido fácil para esta comunidad que, después de 23 años, sigue soñando con tener las condiciones necesarias para vivir dignamente.
Mejoras en las vías de acceso, servicios públicos y la construcción de una escuela fueron algunas de las promesas que les hizo el Estado en aquel momento como parte del proceso de reparación por ser víctimas del conflicto armado. A la fecha, no se han materializado.
Así lo aseguró Gerardo Ospino Cabeza, quien durante la matanza perdió a tres miembros de su familia: papá, primo y tío. El hombre dijo que –hasta la fecha– no han tenido en cuenta a su familia para los procesos de reparación.
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Ospino destacó que 'por el mal estado de las vías, la comida aquí se pierde. No alcanzamos a bajar hasta el pueblo todos los alimentos que se cultivan para la venta. Es muy triste que eso porque nos habían dicho que pondrían placa huella y con eso mejoraría el acceso a la vereda, pero hasta el momento eso no se ha visto'.
Asimismo, Miguel Ospino manifestó que esta zona carece de acueducto y el agua que tienen en sus viviendas la toman de pozos o 'aljibes' y posteriormente es preparada de forma artesanal para el consumo humano.
'Nos toca recoger agua lluvia para tomar o ir algunos pozos que hay cerca para coger el agua porque no la tenemos potabilizada; ese era otro compromiso que se habían hecho con nosotros cuando pasó la matanza. Aquí en el verano pasamos mucho trabajo y nadie se acuerda que existimos, nos toca solucionar como podamos', afirmó.
Informe de las autoridades
De acuerdo con un informe entregado por la Unidad Nacional de Víctimas, el Atlántico cuenta con 2.835.509 habitantes de los cuales 246.030 son víctimas por declaración, 189.908 por ubicación y 163.781 víctimas sujetas de atención.
El documento sostiene que la comunidad de la vereda de Pita, en Repelón, fue reconocida como sujeto de reparación en 2014 y se adelantaron acciones en su comunidad hasta 2018.
Sin embargo, la entidad informó que aún persiste una alta vulnerabilidad y un déficit de derechos en el territorio, asegurando que esto demanda varias acciones que quedaron como 'pendientes' del Programa de Reparación Colectiva (PIRC) como acceso a agua potable, la construcción de la vía y la titulación de sus predios: 'Esta comunidad junto con la comunidad de la vereda de Cieneguita actualmente tiene planes de retorno y reubicación'.
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En el mismo informe se lee que en el departamento hay 17 planes de retorno y reubicación en 13 municipios y Barranquilla los cuales presentan –en su mayoría– baja ejecución (12%), un 'fuerte rezago' y problemas en la implementación, principalmente por situaciones que registran las alertas tempranas y que esta focalizadas y priorizadas estos territorios.
Entre esas se destacan el déficit de derechos, condiciones de pobreza, desempleo, situación de inseguridad, presencia de actores armados y dinámicas de control territorial y criminalidad de violencia sexual y uso e instrumentalización en rentas ilegales de las víctimas.
También se reporta el incremento de homicidios, extorsiones, amenazas contra líderes sociales y de víctimas y desarticulación en la oferta institucional que mantienen al departamento con tres alertas tempranas vigentes.
La Unidad de Víctimas indicó que para impulsar los planes de reparación y reubicación es necesario promover el compromiso y articulación con el escenario que presenta los esquemas especiales de acompañamiento.
Finalmente, destacó que en el año 2022 se implementaron 19 proyectos de 64 focalizados. En 2023 se focalizaron 34 proyectos y es necesario, según la entidad, aunar esfuerzos para su materialización con la gestión y acompañamiento de los entes territoriales y así mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.
La Universidad del Atlántico, otro sujeto de reparación
La subdirectora de la Unidad Nacional de Víctimas, Sonia Londoño, aseguró recientemente a EL HERALDO que el plan de reparación colectiva de la comunidad de la Universidad del Atlántico estaría listo a finales de 2023.
Este proceso, que arrancó hace más de seis años, no ha tenido un avance significativo en clave de la formulación. Por eso se reanudaron las mesas de trabajo con el Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva de la Universidad del Atlántico en aras de poder agilizar este trámite y tener una implementación prontamente.
'Estamos en fase de la formulación del plan de reparación colectiva y esperamos poder retomar y tener este año listo el plan', dijo Londoño, quien agregó que este proceso debe tener el compromiso y la concurrencia de las directivas de la alma mater, así como también de los entes territoriales como la Gobernación del Atlántico y las alcaldías de Puerto Colombia y Barranquilla.
Eloy Soto Rivero, miembro y uno de los voceros del Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva de la Comunidad de la Universidad del Atlántico, pidió un mayor compromiso por parte de las autoridades locales en torno a la reparación de la comunidad universitaria.
