A pesar del decreto que fue expedido por el Ministerio de Transporte sobre el no incremento de las tarifas en peajes, algunas casetas siguen cobrando nuevos precios a los usuarios en el Atlántico
Esta situación ha generado indignación entre los usuarios de las vías del departamento, debido al 'impacto negativo' a sus finanzas.
Enildo Altamar, a través de la línea de Wasapea a EL HERALDO, aseguró que en los peajes de Baranoa y Sabanagrande 'siguen cobrando el paso en $10.600, a pesar de que 'el Gobierno ya dijo que por efectos de la inflación que se generó en el 2022, los peajes tienen que volver a cobrarse como se cobraron el año pasado'.
Rubén Llanos, presidente de la veeduría ‘No más peajes en el Atlántico’, aseguró que el Gobierno nacional con los organismos de control, deben 'reprender' la desatención sobre la baja en las tarifas.
'No podemos aceptar que una concesión no siga perjudicando así. Esto también genera en nosotros un impacto económico importante porque encarece todo; si el Gobierno decidió subsidiar el incremento en las tarifas es para evitar que la inflación golpee más a los hogares', aseveró.
Otra de las quejas expresadas por la comunidad es el mal estado de las vías con relación al valor que cancelan en los peajes.
'Se supone que con lo que uno paga en peaje arreglan las carreteras, pero yo viajo seguido y las vías no está bien. Entonces no entiendo qué están haciendo con esa plata, ahora suben los precios y las inversiones siguen sin verse', manifestó Carlos Benitez.
Más claridad sobre el Decreto
Confundidos. Así se encuentran los alcaldes de los municipios de Baranoa y Sabanagrande, donde no se ha hecho efectiva la reversa en las tarifas de peajes que se encuentran en su jurisdicción.
Gustavo de la Rosa, alcalde de Sabanagrande, indicó que es prioritario que el Gobierno haga claridad sobre cuáles son los peajes que están a cargo de la ANI e Invias.
Sostuvo que la expedición del decreto ha 'generado más confusión en los usuarios porque no es coherente lo que se ha dicho con lo que se hace'.
Enfatizó que los municipios que cuentan con tarifa diferencial, como lo es Sabanagrande, se rigen por una resolución distinta a la del decreto 0050. 'Esas dudas jurídicas nos asaltan y esperamos que en los próximos días puedan esclarecerlas'.
Por su parte, el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón, informó que se ha reunido con otros mandatarios para determinar las acciones que se implementarán debido al desacato de la resolución.
'El concesionario Autopistas del Caribe no ha aplicado el decreto que congela las tarifas y por el contrario se mantienen los valores con un aumento del 13 % hasta el 16%. Por eso, le pedimos al Gobierno que a través de la ANI le exija a esta concesión que haga efectiva la normal', sostuvo el mandatario.
¿Qué dicen los concesionarios?
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Autopistas del Caribe, que maneja la vía Cartagena–Barranquilla por la antigua Cordialidad, indicó que no hace parte de ese listado y no está cobijada por dicho decreto.
Cabe resaltar que el pasado 9 de enero, la ANI aprobó al concesionario incrementar las tarifas a partir del día 10 de enero a las 00:00 horas.
El concesionario recalcó que son una iniciativa privada sin recursos públicos, lo que impide que el Estado pueda destinar dinero para financiar las inversiones que realizará. 'De no aumentar las tarifas, este se vería nuevamente impactado en su estructura financiera y por consiguiente su posible ejecución', expuso.
Agregó que los peajes a cargo de la concesión están anclados al incremento del IPC y son 'determinantes' para que el proyecto siga funcionando: 'El no hacerlo pone en riesgo su continuidad, así como la generación de más de 4.700 empleos, la construcción de 74 kilómetros de segundas calzadas entre Cartagena y Barranquilla, 20 kilómetros en variantes, 16 puentes peatonales, 8 intersecciones y la operación y mantenimiento de todo el corredor.
Por su parte, Ruta Costera, que cubre la Vía al Mar Cartagena – Barranquilla, indicó que de acuerdo con el decreto ajustaron las tarifas de los peajes a cargo del concesionario con valores 2022.
Las estaciones que están a cargo de esta concesión son: Puerto Colombia, Papiros y Marahuacos; así como los peajes en la Circunvalar de la Prosperidad en Galapa y Juan Mina.
En el caso de la concesión Ruta del Sol II – que opera los peajes ubicados en Palermo (Puente Laureano) y Tasajera (Puebloviejo)– el precio no cambiaría ya que el contrato de esta no es con la ANI, sino con la Gobernación del Magdalena.
'El reajuste anual de tarifas de peaje dentro de las dos estaciones de peaje existentes en dicha vía, con base en el IPC anual, continúa regulándose por lo estipulado en el mismo contrato y en la normativa nacional vigente, anterior al decreto en comento', expuso la concesión.
Vigilancia de Supertransporte
La Superintendencia de Transporte aseguró que vigilará que las concesiones y contratistas obligados, es decir, la ANI e Invías, acaten lo señalado en el decreto.
'Los mecanismos de vigilancia y control que la ley da son los de adelantar un proceso sancionatorio que puede terminar con multas hasta de 700 salarios mínimos mensuales', sostuvo la entidad.
Implicaciones del no aumento para las concesiones
De acuerdo con el experto en transporte, Víctor Cantillo, el tema tarifario en los peajes es complejo desde los puntos de vista jurídico y financiero.
'Los contratos de concesión definen una indexación de los precios de los peajes. Los ingresos esperados de un concesionario dependen del tránsito de la vía y del valor de los peajes', expresó.
Cantillo también señaló que si el peaje no aumenta, puede haber un decrecimiento en los ingresos proyectados. En tal caso, el interrogante es sobre quién asume el menor ingreso.
'Una alternativa es que sea el Estado, en cuyo caso habrá que asignar recursos de los impuestos. Otra alternativa es extender el plazo de los contratos de concesión. Estos aspectos no han sido suficientemente aclarados', sostuvo Cantillo, docente de la Universidad del Norte.
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CCI estudiaría acciones por reajuste de tarifas
La Cámara Colombiana de Infraestructura indicó que algunos concesionarios, antes de que entrara en vigor el mencionado decreto, ajustaron sus tarifas –tal como lo establecen los contratos– con base a los valores que rigieron durante el año 2022. Además señaló que en otros casos específicos, donde la naturaleza de los contratos y la realidad económica de los concesionarios tienen particularidades, se están analizando los caminos que, al amparo de la ley, permitan tomar las decisiones que sean del caso.
'Confía el gremio de la infraestructura en los compromisos del Gobierno, en el sentido de que los $500mil millones que dejarán de percibir las concesiones, por cuenta del decreto, serán restablecidos por el Estado, mediante los dineros que, provendrán del Fondo de Contingencias y otras alternativas que acuerden las partes' afirmó la CCI. Finalmente, destacó que 'los concesionarios seguirán con el compromiso de trabajar en función del desarrollo, la modernidad y la competitividad'.
