El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, en disposición de intermediario o de 'despacho comisorio' del Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, había programado para este miércoles 16 de febrero una diligencia de entrega de hectáreas de terreno junto al Corredor Universitario, en relación al caso que involucra desde hace años atrás a unas personas que reclaman una supuesta herencia y a unos propietarios legales que defienden sus tierras, en calidad de demandados. Este proceso además guarda una conexión con la reciente suspensión del registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Rafael Pérez Herazo.
Sin embargo, este medio conoció que dicha diligencia no pudo llevarse a cabo luego de que uno de los propietarios del terreno en pleito presentara una tutela ante la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, por 'la presunta violación al derecho de defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia'.
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Desde el pasado 8 de febrero, el Juez Promiscuo de Puerto Colombia había ordenado la diligencia, por lo que nombró un perito que identificara el 'predio a entregar', así como ofició a la Policía Metropolitana de Barranquilla y a la Personería Municipal de Puerto Colombia para que acompañaran en el asunto. Pero luego, este mismo togado, en cumplimiento a la decisión tomada por la sala del Tribunal que admitió la tutela, dejó sin efecto la primera solitud.
Cabe recordar que estas dos nuevas medidas, tanto la orden para entregar los terrenos y la suspensión provisional del acto, se desprenden de un largo pleito por la tenencia de un lote de tierra que está ubicado en el Corredor Universitario.
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Días atrás, esta casa periodística había publicado la versión del registrador Rafael Pérez Herazo, hoy suspendido por la Superintendencia de Notariado y Registro, frente al caso en mención.
En su momento, el funcionario señaló que todo se desprende de una solicitud que hacia el año 1989 hicieron unas personas ante la Oficina de Instrumentos Públicos de abrir un folio de matrícula inmobiliaria, el No. 040-210789, para incluir unas 90 hectáreas que, a juicio de estos, debían incluirse en torno a una herencia que data de 1948.
Pérez Herazo explicó que desde 1948 se cometió un error notarial al incluir un número de más en la repartición de los terrenos heredados y que después de más de 40 años el tratar de enmendar ese error lo tiene por fuera del cargo.
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Incluso, el mismo registrador señaló que, actualmente, el folio de la matrícula inmobiliaria No. 040-210789 permanece cerrado luego de una actuación. Eso, según él, hoy mantiene el bloqueo para que nadie pueda intervenir o enajenar las tierras que están en un interminable pleito.
En ese mismo sentido ya se había pronunciado el presidente de la junta directiva de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, quien recordó que una parte del lote de 90 hectáreas que reclaman los terceros es propiedad actualmente de una firma que se lo compró al Ministerio de Defensa Nacional en los años 90, pues allí funcionó la base militar El Pelú.
Este también dijo que la porción de tierra que reclaman las personas es incluso más grande que el municipio de Soledad o el mismo Puerto Colombia, donde está situado el terreno en litigio.
