Tras cumplirse 4 meses de que la Defensoría del Pueblo radicara ante el Tribunal de Cundinamarca una acción popular en contra de las entidades del Estado para lograr que estas actuaran en favor de las familias que habitan la región Mojana y que se han visto gravemente afectadas por los efectos de las últimas olas invernales y no tener respuesta aún, el ente del Ministerio Público radicó un memorial de impulso.
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Con ello busca que el Tribunal de Cundinamarca acelere la toma de decisiones sobre la Mojana, que se pronuncie de fondo para que los derechos de alrededor de 500.000 personas que viven en esa subregión del norte del país sean protegidos.
La acción popular es contra los ministerios de Ambiente y Agricultura, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo de Adaptación, que deben restablecer los derechos de las familias afectadas por las inundaciones derivadas del rompimiento del dique en Cara 'e gato desde agosto de 2021.
'Lo que buscamos como institución garante de los derechos es que el Tribunal acelere la toma de decisiones, máxime que hace cuatro meses interpusimos una acción popular para que los derechos e intereses colectivos de unos 500.000 habitantes de esa subregión del norte del país sean protegidos', aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien de paso anunció que la acción constitucional fue aceptada.
La Mojana, que se circunscribe a 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba, se vio afectada en agosto del 2021 por el rompimiento del dique conocido como ‘Caregato’, en San Jacinto del Cauca (Bolívar) y desde entonces las inundaciones han embestido los medios de subsistencia de los campesinos, propios de las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería; las viviendas de los moradores también han resultado averiadas, incluso hay registro de núcleos familiares que debieron salir de la subregión, luego de perderlo todo.
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'La situación de las comunidades de la Mojana es crítica, con graves afectaciones a sus derechos humanos, tales como los derechos a la vida, salud, alimentación y vivienda. Resulta imperativo implementar medidas integrales para proteger a los afectados', declaró Carlos Camargo Assis.
Las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo son urgentes e indispensables para garantizar los derechos de las, aproximadamente, 40.000 familias perjudicadas.





















