Cinco de los ocho capturados por delitos contra la administración pública del municipio de El Roble, entre ellos su alcalde, Serguey Alfredo Vergara Vergara, fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías.
{"titulo":"'La Mojana no está en la agenda del Gobierno nacional': alcalde de San Benito","enlace":"https://www.elheraldo.co/sucre/alcalde-de-san-benito-manuel-cadrazco-salcedo-denuncio-que-la-mojana-no-esta-en-la-agenda-del"}
La medida de aseguramiento intramural impuesta por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Roble cobija además al secretario de planeación Jáder Daniel Vergara Aldana y a los contratistas José Sacramento Escamilla Sierra, Gustavo Lozano Montes y Jair Oliva Jaraba, quienes habían sido aprehendidos desde el pasado 12 de mayo.
La Fiscalía aseguró que los dos funcionarios al parecer habían participado en un entramado de corrupción que comprometería al exalcalde de la misma población José Francisco Vergara Vergara (2016- 2019), familiar de los dos asegurados; y quien también está siendo procesado por estos hechos.
'Labores de policía judicial evidenciaron que el 27 de septiembre de 2019, el entonces mandatario local y su secretario de planeación, suscribieron un contrato por más de 778 millones de pesos para la construcción de ocho jagueyes para mitigar la sequía en esa zona del país. La investigación determinó que durante el proceso contractual no se dieron a conocer las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y estudios de suelos; entre otros aspectos contemplados en la ley. También se habrían afectado los principios de planeación, selección objetiva y transparencia'.
{"titulo":"‘Sucre Escucha’ impulsa creación de red comunitaria en defensa de la juventud","enlace":"https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-escucha-impulsa-creacion-de-red-comunitaria-en-defensa-de-la-juventud-1008865"}
Además evidenció el ente investigador-acusador que el consorcio beneficiado con la obra habría aportado certificaciones falsas para acceder a los recursos municipales. La Alcaldía como contratante tampoco generó las solicitudes de permiso, ni las licencias necesarias para los pozos de agua afectando el acceso al agua para pequeños ganaderos. Por el contrario, se habría beneficiado a grandes hacendados cercanos a los mandatarios locales investigados.
Les imputaron cargos por los delitos de peculado por apropiación, uso de documento público falso, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, que estos no aceptaron.
