Riohacha. La situación atípica que está viviendo el departamento de La Guajira desde octubre del año pasado, cuando fue capturado el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, está afectando seriamente el sector de la salud, según lo reconoció el secretario de Salud Jorge Juan Orozco.
El funcionario afirmó que a punto de cumplirse el primer trimestre del año, esta dependencia no ha comenzado a trabajar en firme, poniendo en riesgo muchos de los procesos que afectan a la comunidad.
Indicó que no se ha podido contratar 140 personas que se necesitan para la asistencia técnica a los 15 municipios, para la puesta en marcha de los programas contra el dengue y la malaria, y para hacer control del agua que se consume en las poblaciones.
'No contamos con las herramientas para trabajar porque la Asamblea se ha demorado en aprobar las facultades que necesita la gobernadora encargada Sugeila Oñate Rosado para poder adelantar las respectivas contrataciones', afirmó Orozco.
Según el secretario, tampoco cuentan con reactivos para el laboratorio de salud pública, no se le ha hecho mantenimiento al lugar donde se almacenan las vacunas y las labores de sanidad en las zonas de frontera no están funcionando.
Orozco afirmó que respeta el control político en la ejecución del presupuesto departamental que ejerce la Asamblea, pero que la salud debe ser mirada desde otra óptica, porque este sector no se puede paralizar.
La secretaría de Salud necesita 600 millones de pesos para su funcionamiento y aunque estos recursos están, no se han podido utilizar por la falta de facultades, según explicó.
Una controversia similar se presentó en enero pasado con el gobernador designado por el presidente de la República Fahian Al-FayesChaljub, quien igualmente reclamó la aprobación de facultades por parte de la Asamblea para poder trabajar.
La Asamblea aprobó por 3 meses. En la sesión de ayer la Asamblea aprobó las facultades que necesita la gobernadora encargada Sugeila Oñate para poner en marcha los proyectos y firmar los convenios que se necesitan para el funcionamiento de la administración departamental. Estas tendrán una duración de tres meses.
Mohamed Dasuki afirmó que la Asamblea no es culpable, porque los diputados habían otorgado estas facultades en enero, y las dejaron vencer.
