En 1997 la Universidad del Magdalena era la más ineficiente e inviable universidad pública del país. Bajo la administración de Carlos Caicedo Omar se pasó de la bancarrota y un pasivo de más 26 mil millones de pesos, a un presupuesto de gasto e inversión de 42 mil millones de pesos. La transformación y recuperación financiera, administrativa y académica era evidente.
El proceso de refundación que abanderó el ex rector trastabilló cuando en el año 2006, su líder y gestor, fue separado del cargo y condenado a más de ocho meses de cárcel por un peculado por apropiación a favor de terceros, delito del cual recientemente un fallo del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió.
Durante dos largos años el alma máter se mantuvo casi que en interinidad debido a que los rectores que subsiguieron tuvieron problemas, uno por salud y otro de seguridad.
Fue hasta finales del 2008 cuando la Universidad del Magdalena volvió por la senda del desarrollo de la mano de Ruthber Escorcia, quien en la época de Caicedo había contribuido con el resurgir de la Institución como docente investigador, director de pos grados y decano.
A partir del 2009 el centro de educación superior retomó el camino, a través de una orientación gerencial mirando hacia un horizonte definido y en donde la acreditación de sus programas asomó como meta de primer orden.
LO QUE SE HA HECHO. Ruthber Escorcia dijo que no se miente cuando se dice que con la salida de Carlos Caicedo Omar se frenó el progreso de la Universidad, porque reconoce que es algo natural que cuando se lleva un proceso de desarrollo y se da una ruptura en el mismo, varios proyectos sufren traspiés.
Sin embargo, sostiene, 'hoy por hoy, la Universidad del Magdalena continúa con su proceso de crecimiento'.
En estos momentos se está terminando de formular el nuevo plan decenal de desarrollo y es una universidad que en los últimos dos años ha tenido logros importantes en investigación, ubicándose como una de las primeras en la costa Caribe.
La creación de cuatro doctorados en los últimos dos años; la recuperación de la deuda de ley 30 del Departamento, la ampliación de cobertura en más de 600 cupos que el año pasado le significaron 2.200 millones de pesos en la base presupuestal, la vinculación de más de 70 docentes de planta, la acreditación por seis años del programa de Ingeniería Pesquera y por cuatro años el de Agronomía, muestran que el progreso no se detiene.
Por Agustín Iguarán G
