Compartir:

Siete años después de que la Corte Constitucional declarara un estado de cosas inconstitucional por la crisis humanitaria en La Guajira, las órdenes para garantizar el derecho a la alimentación del pueblo Wayuu siguen sin cumplirse de manera efectiva. Así lo concluyó la Sala al calificar como “bajo” el grado de avance en los programas de atención y seguridad alimentaria.

Vendaval destruyó viviendas y dejó a decenas de familias indígenas damnificadas en La Guajira

El alto tribunal cuestionó que, pese a múltiples reportes de acciones estatales, la desnutrición y la mortalidad infantil no han cedido de manera considerable. La Corte denunció que los programas actuales no responden a lo ordenado en la Sentencia T-302 de 2017 y evidenció fallas estructurales en el diseño de políticas públicas, inconsistencias en la información presupuestal y la ausencia de indicadores para medir el impacto real sobre la niñez Wayuu.

En su análisis, la Sala reveló que la atención alimentaria no ha mostrado mejoras sustanciales: los informes carecen de información veraz y útil, y los programas siguen atados al asistencialismo. En cuanto a la seguridad alimentaria, advirtió que las inversiones estatales no garantizan una alimentación sostenible y soberana, que no existe un plan estructural que supere la dependencia de ayudas y que la falta de actualización de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSAN) impide ampliar la cobertura.

Buscan disminuir la desnutrición en La Guajira a través de la atención médica y campañas preventivas

La Corte fue contundente frente a esta problemática que enfrenta la región: es inadmisible que después de tantos años el Estado no haya logrado articular un plan integral y que los sistemas de información continúen siendo deficitarios, dificultando la medición de avances reales.

Además, el fallo identificó cuatro bloqueos institucionales que mantienen el problema intacto: ausencia de acciones estructurales, deficiencias en la recopilación y reporte de datos, inexistencia de indicadores de goce efectivo de derechos y falta de transparencia y sostenibilidad en los programas.